«Vamos con todo», la estrategia letal diseñada por Rosario Murillo para exterminar las protestas en Nicaragua

El reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) desmanteló la estrategia represiva implementada desde abril de 2018 para disolver las protestas sociales.

Los penalistas independientes, que presentaron el documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), determinó que el plan fue diseñado y coordinado desde los más altos niveles del poder político en Nicaragua. En el centro de esta operación estuvo Rosario Murillo, en ese año vicepresidenta del país, quien ordenó directamente una respuesta de fuerza letal bajo la consigna: «Vamos con todo».

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«La vicepresidenta (Rosario Murillo) dio la orden del «Vamos con todo» a todos los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional», documenta el GHREN.

A partir de esta directriz, se desplegó una respuesta armada articulada por la Policía Nacional, el Ejército y grupos armados progubernamentales, que ejecutaron una estrategia basada no en el control de disturbios, sino en la eliminación física de manifestantes.

Cumplieron las órdenes de Murillo

Una fuente consultada por el GHREN afirmó que, en mayo de 2018, Francisco Javier Díaz Madriz, entonces subdirector general de la Policía Nacional, instruyó que el personal debía estar listo para «reprimir y defender la revolución» , en cumplimiento de las órdenes de Murillo.

Esta orientación fue diseminada por todas las estructuras policiales. «Aunque no era el director general de la Policía Nacional (Francisco Díaz), tenía la potestad de tomar decisiones y acciones directamente, sin tener que pasar por la entonces directora general (Aminta Granera), porque ella había desconocido las órdenes que daba la vicepresidenta», indicó la misma fuente.

Armas de guerra para el exterminio de manifestantes

El GHREN argumentó que, tras la orden presidencial, se inició un entrenamiento intensivo a todos los niveles de la Policía, incluidos empleados administrativos. Esta formación fue conducida por la Dirección General de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y abarcó técnicas de represión, uso de tonfas, defensa personal y manejo de armas de guerra como AK47, M16, R15, ametralladoras y lanzagranadas.

La frecuencia del entrenamiento pasó de semanal a diaria. «Se capacitó en táctica o técnicas de represión, uso de armas de fuego largas y cortas, subametralladoras y lanzagranadas», señala el texto.

El aparato represivo no se limitó a la Policía. La Dirección de Información para la Defensa del Ejército, encabezada por el General Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval, asumió un rol central, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la DOEP y el Comando de Operaciones Especiales del Ejército.

«El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el coronel Manuel Salvador Gaitán y el comisionado Justo Pastor Urbina ordenaron el despliegue de francotiradores con rifles de precisión», sostienen los penalistas.

Estas unidades, entrenadas para abatir objetivos con exactitud, fueron posicionadas en puntos estratégicos durante los operativos contra las barricadas ciudadanas. «La ubicación estratégica de estos efectivos indica el uso de tácticas de combate, en lugar de la aplicación de medidas de control de multitudes», concluye el Grupo.

El Grupo también documentó que durante la noche se cortaba el suministro eléctrico para dejar a los manifestantes a oscuras. En ese entorno, las fuerzas usaban binoculares térmicos y cámaras infrarrojas para apuntar con precisión.

Paralelamente, drones eran utilizados para reconocimiento aéreo y planificación de operaciones. «Los informes oficiales afirmaban que los propios manifestantes se estaban atacando entre sí», señala el informe, en referencia a la narrativa estatal que intentaba deslindar responsabilidades. Además, se registró el uso de fusiles de francotirador Dragunov, fusiles de asalto, ametralladoras PKM y lanzacohetes RPG por parte de las fuerzas policiales.

Altos mandos del Ejército también fueron implicados por ordenar la participación de sus tropas en la represión, usando uniformes policiales o ropas civiles. Esto incluía a los jefes de comandos militares regionales en Estelí, Nueva Segovia, Madriz, León, Chinandega, Boaco, Chontales, Matagalpa, Jinotega y Río San Juan. «Su participación fue consecuencia de la orden presidencial leída el 20 de abril de 2018 en la sede del Estado Mayor del Ejército», subraya el GHREN.

Los especialistas documentaron muertes violentas relacionadas con la represión en casi todo el país. Sin embargo, el mayor número de víctimas se concentró en los departamentos de Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, León, Estelí y Jinotega. «Los datos disponibles mostraban que, en 2018, se registraron muertes violentas vinculadas a las protestas en casi todos los departamentos del país», señala el documento.

Rosario Murillo, en este enclave, aparece como figura central de la violencia. «El despliegue de francotiradores en los operativos de represión sugiere una intencionalidad dirigida a causar la muerte de las personas manifestantes», concluye el informe.