Retiran a Silvia Rosales del cargo de magistrada en la Corte Centroamericana de Justicia, tras la ruptura de Nicaragua con el organismo

Silvia Isabel Rosales Bolaños, magistrada nicaragüense de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), ha dejado su cargo en ese organismo regional en el que representaba a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su retiro fue anunciado por la portavoz gubernamental y vicedictadora Rosario Murillo durante su acostumbrada alocución de mediodía a través de medios oficialistas, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones detrás de su salida.

Este movimiento se produce horas después de que el régimen sandinista oficializara su decisión de retirar a Nicaragua de la CCJ, luego que no le aceptaran a la magistrada sandinista Juana Méndez para ocupar el cargo de presidenta, en sustitución del también nicaragüense Carlos Guerra.

Rosales, quien ocupó la presidencia de la CCJ en 2009 y se destacó en la promoción de la equidad de género dentro del organismo, ha sido una de las figuras más visibles de Nicaragua en el sistema judicial regional. Sin embargo, para el régimen Ortega-Murillo, ahora que Managua decidió abandonar la Corte, ya no tiene ninguna importancia ni la experiencia, ni la participación de la magistrada centroamericana de origen pinolero en el organismo.

Retiro tras la ruptura

El retiro de Rosales parece formar parte de un desmantelamiento de la presencia nicaragüense en la corte tras la decisión de Ortega y Murillo de retirar al país de este organismo. La salida de Nicaragua de la CCJ fue comunicada mediante una misiva enviada al presidente en funciones del tribunal, magistrado César Salazar Grande por el canciller Valdrack Jaentscheke.

Esta decisión se conoció apenas horas después de que fracasara el intento de Ortega de imponer como presidenta de la Corte Centroamericana a la magistrada sandinista Juana Méndez, la misma que días antes había renunciado al puesto en el Poder Judicial nicaragüense, renuncia que apenas unas horas antes había sido aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el dictador sandinista.

Para Nicaragua, esta decisión agudiza el aislamiento del régimen de Ortega quien antes rompió con la Organización de Estados Americanos (OEA), se salió del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Además, la dictadura sandinista mantiene tensiones con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), del que ha amenazado con «desintegrar» tras más de dos años intentando que le aprueben el nombramiento de un secretario general, designado desde Managua, de una lista de funcionarios del régimen, acusados por la comunidad internacional, opositores y por defensores de derechos humanos como criminales de lesa humanidad.

En el SICA, la dictadura Ortega-Murillo ha intentado poner a delegados de la talla de la exministra de salud Sonia Castro, de la actual ministra del Interior, María Coronel, del canciller Valdrack Jaentschke, del excanciller Denis Moncada o de la directiva de la Asamblea Nacional Arling Alonso, todos señalados de cometer acciones represivas contra opositores.