Murillo dice que a la mujer «nadie la puede silenciar» pero prohíbe marchas del 8 de marzo, encarcela y exilia a mujeres

En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la vocera del régimen orteguista, Rosario Murillo, pronunció un extenso monólogo en el que exaltó la figura de la mujer nicaragüense. Sin embargo, mientras Murillo hacía llamados a celebrar la fortaleza de las mujeres, en Nicaragua siguen prohibidas las marchas feministas, han sido cerradas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, y decenas de opositoras han sido encarceladas o desterradas por el régimen.

Murillo, quien convocó de manera obligatoria a sus trabajadoras estatales a participar en actos promovidos por el oficialismo, afirmó que en Nicaragua las mujeres no son «doblegadas» y que «nadie las puede silenciar». No obstante, su gobierno mantiene una prohibición absoluta de manifestaciones, ha disuelto organizaciones feministas y ha perseguido a opositoras.

«Somos espléndida humanidad que nadie puede atreverse a cuestionar, aquietar o silenciar. Mujeres Nicaragua somos patria bendita y libre, vida y colores (…) dejemos atrás toda envidia y mezquindad, rencores y continuemos naciendo», expresó la codictadora durante su alocución diaria a medios oficialistas.

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En su intento por dar un tono poético a su discurso, Murillo hizo una mezcolanza de alabanzas a la mujer, pero sus palabras se vieron opacadas por incongruencias y contradicciones, ya que mientras hablaba de la importancia de la mujer en Nicaragua, su gobierno criminaliza las protestas feministas y persigue a mujeres activistas.

Mujeres sin derecho a manifestarse

Desde septiembre de 2018, cuando la dictadura prohibió cualquier tipo de protesta pública no autorizada por el régimen, las organizaciones feministas y mujeres opositoras han sido impedidas de salir a las calles para exigir sus derechos. Las manifestaciones feministas, LGBTIQ+ o de carácter religioso han sido sistemáticamente reprimidas por la Policía Nacional y fuerzas paramilitares.

La propia Murillo lo confirmó en abril de 2022, cuando afirmó en su discurso oficial: «Esos días, que no volverán jamás, es la promesa que nos hemos hecho», dejando en claro que el derecho a la protesta estaba anulado.

Desde entonces, el régimen ha llevado a cabo un cierre masivo de organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres. Hasta la fecha, la dictadura ha cancelado 279 organizaciones feministas y ha eliminado cualquier espacio de denuncia y apoyo para mujeres víctimas de violencia de género. Mientras tanto, los feminicidios y la violencia contra las mujeres han aumentado, sin que existan políticas estatales efectivas para enfrentarlos.

Persecución, exilio y torturas: el saldo del régimen contra las mujeres

Según la organización Católicas por el Derecho a Decidir, más de 838,000 nicaragüenses han salido del país en los últimos años, de los cuales el 48 % son mujeres.

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El colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado al menos 1,315 casos de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen orteguista, de los cuales 531 corresponden a mujeres. Además, 46 mujeres han sido víctimas de torturas en centros de detención del país.

«Desde 2018, más de 100 mujeres han sido secuestradas y encarceladas por el régimen. De ellas, 57 han sido desterradas, desnacionalizadas y despojadas de sus bienes muebles e inmuebles. Actualmente, 7 opositoras continúan detenidas, mientras el orteguismo sigue siendo uno de los principales violadores de los derechos de las mujeres», denuncia el Colectivo.

La última manifestación feminista: un símbolo de la represión

La última protesta feminista en Managua se llevó a cabo en diciembre de 2019 en el parqueo del hotel Holiday Inn, donde más de 50 mujeres lograron reunirse para cantar y manifestarse en contra de la violencia y represión del régimen. La protesta fue inmediatamente rodeada y acosada por antimotines, quienes impidieron que las manifestantes salieran a las calles.

Desde entonces, Nicaragua se ha convertido en uno de los países más hostiles para el activismo feminista, con un régimen que criminaliza la lucha por los derechos de las mujeres mientras desde el discurso oficial intenta maquillar la realidad con consignas vacías.