La pugna por la Secretaría General del SICA: La defensa oficialista y los que pujan para que Ortega no tenga «ni voz ni voto»

La Cancillería de la dictadura de Nicaragua, representada por Valdrack Jaentschke e Iván Lara Palacios, defendieron esta semana el derecho del régimen de recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para obligar a los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a elegir a un operador político de Ortega en la Secretaría General de ese organismo, pero el politólogo opositor Félix Maradiaga advierte que el régimen de Managua, tras su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA), no debería tener ni voz ni voto en el organismo unionista.

Durante una entrevista ofrecida en el oficialista Canal 8, uno de los medios de la propaganda oficial, propiedad de la familia dictatorial, los operadores políticos de Ortega, Valdrack Jaentschke e Iván Lara, utilizados como Canciller y como vicecanciller respectivamente, intentaron justificar la acción de sus jefes políticos de recurrir a la CCJ mediante una solicitud de «consulta obligatoria» para que emitan una opinión jurídica sobre la elección de uno de los funcionarios fanáticos sandinistas como secretario general; sobre el derecho del Estado de Nicaragua a proponer terna y terminar su periodo en el cargo.

Según Lara Palacios, la resolución de la Corte debe versar sobre el derecho de Nicaragua a ocupar la SG-SICA y a terminar su periodo de cuatro años en ese cargo, lo que no explicó el abogado de Ortega es que esos dos aspectos no son los que cuestionan los países que se oponen a elegir a los candidatos presentados por Managua.

Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana han rechazado en cuatro ocasiones tres ternas de Ortega, presentadas a partir de noviembre de 2023, y el argumento de esos gobiernos es que los postulados por la administración sandinista no reúnen las calidades exigidas por los estatutos del SICA. 

Jaentschke y Lara Palacios mienten

Tanto el canciller Jaentschke como su vice, en su intento por hacer ver a la dictadura Ortega-Murillo como víctima, miente, al asegurar que los países que se oponen a la elección del secretario general del SICA entre los propuestos por Ortega, están violando la soberanía de Nicaragua, que están siguiendo intereses extrarregionales (de Estados Unidos) y que sus candidatos sí cumplen con los requisitos.

En ese sentido, Lara Palacios, en una explicación «acomodada» señaló que el protocolo de Tegucigalpa establece que el secretario general será nombrado por la «reunión de presidentes» por un período de cuatro años y que los únicos requisitos establecidos son «que debe ser de nacionalidad Centroamericana y de espíritu integracionista».

El vicecanciller de Ortega en su explicación a medias obvió decir que también es requisito que el que aspire a ese cargo debe tener «alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad», y es precisamente en este requisito donde los candidatos de la dictadura Ortega-Murillo han sido rechazados pues todos los propuestos son operadores políticos al servicio de la pareja dictatorial, han sido sancionados por la comunidad internacional por estar involucrados en acciones represivas contra el pueblo nicaragüense y por ser parte del entramado de corrupción gubernamental, e incluso, algunos hasta son señalados como criminales de lesa humanidad.

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Ambos funcionarios de la tiranía sostuvieron que los cuatro países señalados de «obstruccionistas» violan el protocolo de Tegucigalpa, los mandatos y acuerdos de los presidentes de la región en cuanto a la «rotación geográfica» que corresponde a Nicaragua, en un periodo de cuatro años en el cargo y el «principio del consenso, que establece que todas las decisiones del organismo tienen que ser tomadas por unanimidad o por consenso».

Los diplomáticos orteguistas faltaron a la verdad al no decir que ninguno de esos aspectos han sido puestos en dudas por los países que se oponen a la elección del secretario general y tampoco explicaron el porqué precisamente es el régimen Ortega-Murillo el que ha roto el principio de consenso al intentar imponer «por sus pistolas» a un secretario general que no reúne los requisitos establecidos por el protocolo de Tegucigalpa.

Félix Maradiaga: «Dictadura de Ortega no debería tener voz ni voto en el SICA»

El politólogo y exreo político Félix Maradiaga, consultado por Artículo 66, devela las falsedades de la dictadura y lo que llama «inmoralidad» del régimen al recurrir a instancias internacionales cuando es el gobierno que más ignora las resoluciones de organismos regionales como la OEA, la CIDH y la Corte-IDH.

«Es una ironía que la dictadura de Ortega-Murillo, que ha hecho de la violación sistemática del derecho una marca distintiva de su régimen, ahora pretenda recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para exigir que se respete un supuesto «derecho» que ellos mismos han pisoteado», sostiene el exprisionero político desterrado por el régimen de Managua.

Maradiaga señala a la administración despótica de Ortega y Murillo como «ilegítimo en su origen y en su práctica» porque «ha demolido el estado de derecho, despreciado la Constitución y desafiado abiertamente los principios fundamentales del derecho internacional».

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Asimismo, el politólogo advierte que la tiranía desvirtúa el Sistema de Integración al intentar proyectar una «falsa imagen de legitimidad» aprovechándose de los instrumentos que ofrece ese organismo.

«Ortega y Murillo, quienes han erigido un régimen de represión y arbitrariedad, ahora buscan cobijo en el mismo derecho que han negado a su propio pueblo, lo que no solo es un acto cínico, sino una prueba más de su descarada manipulación de las instituciones regionales», acusa el también presidente de la Fundación Libertad.

Asimismo, el dirigente opositor analiza que, el recurso de «consulta obligatoria» interpuesta ante la CCJ por Ortega es «una maniobra autoritaria» para manipular las instituciones regionales, y que, carece de base legítima, ya que el régimen de Ortega ha violado los principios fundamentales del SICA, establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa.

En esa línea recuerda que, el artículo 4 de ese acto constitutivo exige que los Estados miembros «respeten los principios de la Carta de la OEA y del sistema interamericano», algo que Ortega no hace..

Nicaragua se separó formalmente de la OEA en 2022, «deslegitimando su membresía en el SICA. La permanencia de Nicaragua en este organismo es una violación flagrante de su marco jurídico, ya que el SICA se basa en los valores democráticos del sistema interamericano», argumenta Maradiaga.

Es por ello que, según explica el politólogo, el régimen de Ortega «no debería tener voz ni voto en el SICA, mucho menos el derecho a proponer candidatos para la Secretaría General».

Ortega destruye el SICA

El opositor desterrado opina que «los países miembros están evadiendo un tema fundamental: la ilegalidad de la permanencia de Nicaragua en el SICA», lo que refleja una política de «complacencia» que solo fortalece a Ortega.

Por esa razón el analista considera que «llegará el momento en que la salida de Nicaragua del SICA será inevitable, ya que la legitimidad del organismo depende de su apego a los principios democráticos del sistema interamericano».

De conformidad con esa necesidad, Maradiaga advierte a los líderes de la región que «es crucial que actúen con valentía para defender la integridad del SICA y el futuro de la democracia en Centroamérica».