Denuncian 229 casos de tortura a detenidos bajo el régimen orteguista

Al menos 229 personas fueron víctimas de torturas tras ser detenidos en Nicaragua desde las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018, afirmó este martes la ONG defensora de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más.

«Se han sistematizado 229 testimonios de personas sobrevivientes de tortura», destaca el informe de la ONG, que trabaja desde el exilio en Costa Rica.

Se identifican «más de 40 formas o métodos de torturas perpetrados en Nicaragua», como golpizas, asfixia, descargas eléctricas, quemaduras, simulación de ejecución o desprendimiento de uñas o piezas dentales, entre otras. Las víctimas son 46 mujeres y 183 hombres.

«Con el inicio de las protestas en 2018 se inició la práctica de detenciones arbitrarias con la intencionalidad de transmitir un mensaje de terror y de control a la población», afirmó el informe.

El gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha mantenido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos según la ONU y que Managua considera un intento de golpe de Estado propiciado por Washington.

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El Colectivo resaltó la «sistematicidad» en los «ataques» a disidentes y opositores con actos considerados crímenes de lesa humanidad, como asesinato, desaparición forzada, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier tipo de violencia sexual.

La ONG ha denunciado desde 2018 más de 2.000 detenciones arbitrarias, de las cuales casi el 40% fueron «con participación de agentes paraestatales que han accionado como una tercera fuerza armada».

Desde febrero de 2023, el gobierno ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos exiliados o expulsados ​​del país.

«El destierro o exilio y la apatridia ha generado una intensificación de la muerte civil», denunció la ONG.

Una amplia reforma constitucional aprobada en noviembre descubrió que «los traidores a la patria» pierden la nacionalidad nicaragüense, cargo con el que fueron acusados ​​la gran mayoría de expulsados ​​del país.