Dictadura sandinista acelera persecución: 30 secuestros y desapariciones en una semana

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha intensificado su estrategia represiva. Según el último reporte del Monitoreo Azul y Blanco (MAB), entre el 22 y el 28 de noviembre, se han registrado al menos 30 detenciones arbitrarias, acompañadas de múltiples denuncias de desapariciones forzadas que aún están en proceso de verificación. Las familias de las personas detenidas denuncian que no tienen información sobre su paradero ni su estado, lo que agrava la crisis de derechos humanos en el país

Patrón de represión y desapariciones forzadas

El informe destaca que las detenciones han sido realizadas sin órdenes judiciales y con un uso excesivo de la fuerza. Las víctimas han sido sustraídas de sus hogares en medio de la noche y, como siempre, privadas de acceso a abogados o contacto con sus familiares, en clara violación de los derechos humanos básicos. Estas acciones forman parte de un patrón sistemático que busca eliminar cualquier forma de oposición política en el país.

«Estas prácticas no solo violan las garantías fundamentales de las víctimas, sino que también buscan instaurar un clima de terror que silencia a la sociedad», dice el Monitoreo Azul y Blanco.

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Ante esta nueva ola represiva, el Monitoreo Azul y Blanco hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que aplique «acciones urgentes para presionar» a la dictadura de Ortega para que libere a los detenidos y frene la persecución.

Igualmente demandan el «acceso al país de organismos internacionales de derechos humanos para investigar estas violaciones y brindar protección a las víctimas».

Por último, la organización clama por solidad «activa» de los gobiernos de América Latina para «contener la escalada de violencia estatal».

El documento enfatiza que la vida e integridad de las personas detenidas están en grave riesgo y alerta que la pasividad internacional podría agravar la situación.

Silencio forzado

El Monitoreo Azul y Blanco advierte que esta cifra de 30 prisioneros opositores encerrados en la última arremetida representa «solo una fracción de la realidad». Agrega que muchas de las víctimas y sus familiares prefieren guardar silencio por miedo a represalias.

«El clima de represión ha reducido las posibilidades de documentar de manera completa la magnitud de las violaciones», detalla concluye informe.

Un contexto alarmante

Desde 2018, Nicaragua ha estado sumida en una crisis política caracterizada por la represión sistemática contra voces disidentes, incluyendo periodistas, activistas, opositores y miembros de la sociedad civil. Esta nueva ola de detenciones confirma que la maquinaria represiva del régimen sigue operando con total impunidad.

Algunos de los detenidos

Pero al silencio forzado de los familiares, en los últimos días, los medios de comunicación han documentado gota a gota algunos de los casos de nuevos prisioneros que estarían en esta lista de 30 que recoge el Monitoreo Azul y Blanco.

En este medio informamos el fin de semana pasado sobre el encarcelamiento en el departamento de León del periodista Leo Cárcamo y del médico y exdecano de la Facultad de Medicina de la UNAN-León, el doctor Arnoldo Toruño.

El periodista Wilfredo Miranda, del medio Divergentes, publicó en la red social X sobre la detención del también médico neumólogo leonés, el doctor Pablo Amaya.

En el diario La Prensa, se publicó la noticia sobre la desaparición del periodista y empresario turístico Henry Briceño, del municipio de San Rafael del Sur, al oeste de Managua, quien también habría sido sustraído por policías de su casa, en la redada del fin de semana.

Con esta nueva redada de opositores, la dictadura sandinista tendría bajo prisión a cerca de 80 nicaragüenses por ejercer algún tipo de oposición al régimen dinástico que se ha atornillado en el poder mediante la violencia, el encarcelamiento, los fraudes electorales y el destierro de los disidentes.