Reforma Militar de Ortega busca preservar «lealtad»; muestra «que algo se está moviendo en El Carmen» y se apuran a protegerse

Las reformas al Código Militar y la Ley de la Policía —enviada este lunes por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Asamblea Nacional— en la que establecen una ampliación a los mandatos en la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, que pasan de cinco a seis años, a juicio de opositores y analistas políticos, es parte de la consolidación de la estructura de poder de la dictadura, a través de las fuerzas armadas.

Enrique Martínez, activista opositor y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), señaló que estas reformas enviadas por los dictadores tienen «implicaciones profundas para la política interna del país y refuerzan el control autoritario del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conectado también con el afianzamiento del modelo autoritario que crearon con las recientes reformas constitucionales».

Valoró que al extender estos períodos de los mandatos policiales y militares el sandinismo «asegura la continuidad de un liderazgo alineado a los intereses, lo que produce un riesgo de fracturas internas o movimientos opositores dentro de las instituciones».

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«Ortega y Murillo buscan garantizar una estructura de poder estable y leal en los órganos armados que sostienen al régimen. Ya sabemos que la dictadura en Nicaragua se mantiene a través de esa coerción que se ejerce al pueblo, no solamente por las fuerzas armadas formales, sino también por las informales, por los paramilitares, que, a través de esta reforma que se hizo a la Constitución, hoy adquieren una nueva forma, pero no pierden ese órgano de control sanguinario y terrorista que mantiene el sandinismo sobre la población en Nicaragua», añadió.

El líder de PUDE también consideró que este movimiento del Ejecutivo puede «formar parte de las estrategias de blindarse a las posibles presiones internacionales que se avecinan con el reciente cambio que se dio en Estados Unidos. El interés principal es el poder absoluto, evitar cualquier autonomía de las instituciones claves, que es lo que se dio recientemente, y reducir la incertidumbre que ha tenido Ortega en materia de lealtad».

Estados Unidos recientemente eligió recientemente a Donald Trump como su presidente, quien asumirá el mando de la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Trump, en su primer gobierno dirigió fuertes sanciones contra los dictadores Ortega y Murillo, y sus cómplices de violaciones a derechos humanos en Nicaragua.

«Ortega y Murillo muestran debilidad»

La exguerrillera Dora María Téllez, analista política, historiadora e investigadora, apuntó que todos estos cambios enviados por el régimen, y los que ya ha concretado como los de la Constitución Política, «son una manifestación de debilidad. Es decir, no hay ninguna necesidad, no tendrían ninguna necesidad de hacer eso si el régimen no tuviera una debilidad que todavía no ha salido completamente a la luz».

«Los últimos movimientos defensivos en relación a los sancionados, de agarrar la Constitución y desbaratarla, establecer el sistema dictatorial en el cuerpo de la Constitución y dejar ahí eliminados los derechos humanos, políticos y sociales de los nicaragüenses, todo eso es una muestra de la debilidad del régimen, que pretende encarar su debilidad con un papel», señaló la opositora nicaragüense, excarcelada y desterrada política del orteguismo.

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Téllez asegura que la fragilidad y debilidad del régimen Ortega-Murillo radica en que «no tiene respaldo político en Nicaragua, porque está completamente aislado a nivel internacional y porque financieramente tampoco las cosas andan bien, ya que la economía nicaragüense resiente el hecho de que millones de nicaragüenses hayan salido, que haya problemas de mano de obra, que la inversión no se active porque, ¿quién va a confiar en un régimen que no da independencia judicial? Lo que están mostrando Ortega y Murillo es una profunda debilidad».

«Si fueran fuertes, no necesitarían tanta cosa, pero el hecho de que recurran a reformar la Constitución, leyes, Código Militar, Policía, es realmente llamativo. Eso lo que nos dice es que algo se está moviendo en El Carmen y ellos se están apurando a crearse un escudo a los problemas que se vienen a corto plazo», remató.

«Erosión total del Estado de Derecho»

Donald Muñoz, de la Asociación Cívica por la Democracia, afirma que Ortega y Murillo alinearon a sus aliados al período que ellos mismos se recetaron para dirigir la Presidencia, ya que estos recientemente con las reformas a la Constitución Política de Nicaragua también se recetaron un año más de poder.

El opositor apunta que las acciones del sandinismo «están erosionando el Estado de Derecho, sigue destruyendo la democracia en Nicaragua» y el país está frente a «un proceso de concentración de poder y debilitamiento de las instituciones democráticas. No hay independencia entre los poderes del Estado y eso socava los derechos y libertades de la ciudadanía. Estamos en un Estado fallido», concluye Muñoz.

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Los cargos que pasarán de cinco a seis años en el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional actualmente son ocupados por personeros fieles a Ortega y Murillo; Julio César Avilés y Francisco Díaz, este último además es consuegro de la pareja dictatorial nicaragüense.

Las modificaciones planteadas por el sandinismo consisten en modificar el artículo 8 de la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, en el que actualmente se establece el período de cinco años para el cargo de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua.

También, incluyen el cambio en el artículo 47 de la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en el que aumenta de cinco a seis años el período para el director general de la la Policía.

Tanto el cargo de director general de la Policía Nacional como el de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, es importante mencionar, deben ser nombrados por el Presidente de Nicaragua, cargo que Ortega no ha soltado desde hace más de 17 años.