Denuncian desaparición de adolescente en Quilalí, Nueva Segovia

Feministas y defensoras de derechos de mujeres de Las Venancias, a través de redes sociales, urgieron apoyo para dar con el paradero de Juana Everlinda Chávez, de 12 años, originaria de San Bartolo, Quilalí, Nueva Segovia, que desapareció desde el pasado 17 de octubre.
Familiares de la menor, según medios locales, indicaron que Juana Everlinda «salió de la casa desde horas tempranas» del pasado jueves y «no regresó». Tras un día desaparecida decidieron empezar la búsqueda y alertar sobre el caso.
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Mayra Casco Salgado, madre de la menor, expresó su preocupación. Explicó que a la menor la han buscado sin tener éxito y urgió ayuda para encontrarla.
Las personas que tengan información sobre el paradero de Juana Evelinda, indicó Casco Salgado, pueden comunicarse al número +505 8227 9537.
Menores vulnerables «a trata de personas»
Las defensoras de Las Venancias resaltaron que las niñas y adolescentes son más vulnerables a ser «víctimas de engaños o falsas promesas, sea de parte de enamorados o reclutadores de trata de personas».
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También, recordaron que «mientras más pronto circule la alerta, hay más presión para que sea buscada por las autoridades y quienes la retengan la entreguen».
En 2023, según el informe de gestión anual divulgado por el Ministerio de Hacienda, Nicaragua registró solo tres casos de trata de personas, de los cuales 2 resultaron con acusaciones y uno fue desestimado.
A finales de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos informó que presionará a los bancos multilaterales para dejen de aporbar préstamos a la dictadura Ortega-Murillo de Nicaragua, ordenando al «director ejecutivo de los Estados Uniods en cada banco de desarrollo multilateral (…) votar en contra y hacer los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamos u otra utilización de los fondos de la respectiva institución».
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su memorando sobre «Determinación Presidencial en Relación con los Esfuerzos de Gobiernos Extranjeros Respecto a la Trata de Personas», divulgado el 30 de septiembre, argumentó que la medida contra el régimen orteguista respondía que este no ha cumplido con los «estándares mínimos» relacionados a la lucha contra la trata de personas.

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