Las mentiras de la dictadura a la ONU: El paraíso de los derechos humanos, la pluralidad de medios de comunicación y elecciones libres
La dictadura Ortega-Murillo pretende hacer creer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que en Nicaragua se respetan y promueven los derechos humanos, económico, laborales, de la mujer, de pueblo indígenas y hasta afirma que lucha contra la migración ilegal y garantiza el derecho a la libertades públicas como libre expresión y elecciones transparentes.
En un informe presentado ante la ONU para ser analizado en el marco del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos (CDH), en su 47 período de sesiones a celebrarse en Ginebra entre el cuatro y el 15 de noviembre próximos, la dictadura hace afirmaciones falsas y tergiversadas, según han criticado organizaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo Nicaragua Nunca Más y Urnas Abiertas (UA), ambas en el exilio.
«El informe presentado por el Estado (de Nicaragua) no refleja en absoluto, la situación del país y más bien describe una realidad paralela que oculta las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido particularmente entre 2019 y 2024, además brinda información falsa e imprecisa sobre otros temas relevantes», señala Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.
Las mentiras de la dictadura y la verdad de la represión
Artículo 66, tras analizar el informe presentado por Nicaragua y comparar las afirmaciones de la dictadura con los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), y del Grupo de Expertos sobre Nicaragua, también de Naciones Unidas (Ghren), detalla las mentiras de la dictadura ante la ONU y las verdades de la represión que vive el pueblo de Nicaragua.
En el informe de la dictadura para el EPU, presentado el dos de septiembre pasado, la maquinaria propagandística del régimen afirma que, el Gobierno, encabezado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo «continúa trabajando por la paz, la estabilidad, el bien común, la justicia, el orden constitucional y social, los derechos humanos de todos»
Lo que la dictadura trata de ocultar en la introducción de su «informe» es lo ocurrido en el país entre 2019 y 2024 y que ha sido documentado por organismos internacionales de derechos humanos. La represión y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses escalaron a niveles sin precedentes, principalmente por la cantidad de presos políticos que sobrepasó los 300 opositores encarcelados simultáneamente, despojo de nacionalidades, destierros, confiscaciones, anulación de ONG y la guerra desatada por los dictadores contra la religión.
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En cuanto a los derechos económicos, el régimen dice «fomentar y dinamizar el comercio», y desarrollar un «plan nacional de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano», así mismo, sostienen que orientan los recursos del país hacia «la consolidación de la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico».
No hay nada más falso que esa afirmación, pues la dictadura trata de ocultar que en Nicaragua crece el desempleo, aumenta el empleo informal y la economía nacional depende cada día más de las remesas que envían los nicaragüenses que se han visto obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades laborales.
Según datos del Propio Banco Central de Nicaragua (BCN) al país entraron 4.660,1 millones de dólares en concepto de remesas familiares en 2023, lo que representó un nuevo récord. Las remesas significaron el 40,5% más que en 2022, de los cuales 3.563 millones provinieron de Estados Unidos.
Las cifras oficiales indican que para el 2023, los dólares enviados por los migrantes y exiliados nicaragüenses representaron el 26,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Derechos laborales y derecho a la familia
En lo referido a los derechos laborales de la población nicaragüenses, la dictadura miente a boca llena, al afirmar que «el Estado, a través del Ministerio del Trabajo (Mitrab), implementa políticas laborales de desarrollo social, promueve y restituye derechos laborales, mediante acciones de protección a la población trabajadora».
En realidad, el régimen calla sobre las reformas a la Ley laboral llevadas a cabo en noviembre del año pasado con la que despojó a todos los trabajadores del Estado de su derecho a una indemnización digna por años laborados. Tras la reforma los empleados públicos para poder recibir un mes de salario como indemnización deben servir al Gobierno entre 3 y 10 años, hasta 15 años al servicio del Estado para recibir dos meses de salario y hasta 20 años para 3 meses.
La Mentira estatal también trata de ocultar que el salario mínimo más bajo de Centroamérica es el de Nicaragua y que, como toda dictadura, que controla todas las instituciones del Estado donde nadie más que los tiranos tiene poder decisión, ningún empleado gana una demanda laboral contra el Gobierno.
Asimismo, mienten al decir que respetan los derechos laborales de los nicaragüenses cuando en realidad ejecuta una barrida en todas las instituciones al amparo de una llamada estrategia de reorganización estatal que ha mandado a la calle hasta ahora, según reportes periodísticos, al menos a 6 mil empleados estatales.
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Derechos de la familia; niños, niñas y adolescente: Es uno de los temas más controversiales en los que la dictadura le miente abiertamente a la ONU. El informe destaca el Código de Familia, y dice que está orientado a «la promoción, protección y restitución de derechos de familias, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, siendo un marco jurídico amplio y especializado».
La dictadura trata de ocultar las violaciones a los derechos de la niñez perpetradas por ellos al separar de manera forzosa a decenas de menores de edad de sus padres e incluso de impedir la reunificación familiar una vez que ha desterrado a los progenitores.
La tiranía Ortega-Murillo ha despojado de su nacionalidad a más de 450 nicaragüenses a los que además ha borrado de los registros públicos. Muchos de los despojados de su nacionalidad son madres o madres de menores de edad que al ser sus padre eliminados de los registros de las personas quedan en el limbo jurídico porque no tienen padre, según la dictadura, y por tanto, tampoco apellidos.
La propia ONU, en su informe sobre la situación de Nicaragua de febrero de 2024 afirma que «los niños y niñas han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades y/u opiniones expresadas por sus padres o familiares. Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación de varios niños y niñas de sus padres. A varios de ellos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero».
Afirma el régimen que el país cuenta con un sistema de «alerta temprana para la prevención de violencia a niños, niñas y adolescentes y se garantiza «atención especial y el acceso a la justicia a quienes lo requieran».
Las organizaciones defensoras de la niñez y organismos internacionales dicen todo lo contrario. La dictadura quiere ocultar que, Nicaragua es el país con la tasa de natalidad adolescente más alta de América Latina y el Caribe, con 85.6 casos por cada 1000 adolescentes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados a 2022.
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Derecho a la educación: Según los Ortega-Murillo, «el Estado continúa avanzando en garantizar el derecho a una educación gratuita, integral, inclusiva, multicultural y de calidad».
Lo que la dictadura esconde es el cuestionamiento a la mala calidad de la educación primaria y secundaria en el país. A partir de 2021, Nicaragua quedó considerada como un país con una calidad educativa «por debajo del promedio de la región en Ciencias, Matemáticas y Lectura», según los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia la Cultura (Unesco) que urgió al país centroamericano desarrollar un plan educativo eficiente.
En la educación superior, la dictadura pretende esconder la confiscación de al menos 30 universidad, que en su mayoría fueron adjudicadas al Estado donde ahora han contratado docentes sin la calificación requerida y han desaparecido los rigores de admisión y promoción.
Derechos de las mujeres: Ortega y Murillo le dicen a la ONU que su régimen mantiene un «modelo de equidad y complementariedad en todos los espacios de participación, que comprende políticas y lineamientos estratégicos con enfoque de género y derechos humanos».
El régimen de jacta de que «la participación política de las mujeres está representada por 59% en el Poder Ejecutivo, 60% en el Poder Electoral, 55% en el Poder Legislativo, 60% en el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, 50% ante el Parlamento Centroamericano y el 54% en Alcaldías Municipales».
Lo que no dice el informe de los tiranos es que en realidad en Nicaragua, la única mujer que tiene poder de decisión es la vicedictadora Rosario Murillo y el resto de mujeres en las instituciones estatales cumplen un rol decorativo y sumiso, pues ninguna tiene poder de decisión.
Derecho a la propiedad y restablecimiento de la propiedad de los pueblos indígenas: La dictadura de Nicaragua pretende imponer la mentira de que respetan el derecho a la propiedad privada en el país cuando en la realidad han confiscado los bienes de más de 5 mil ONG, y las propiedades de los más de 450 nicaragüenses desnacionalizados y desterrados. Recientemente revivieron la antigua la «Ley de los Ausentes» aplicada en 1979, para robarse las prioridades de los adversarios políticos, supuestamente «abandonadas» porque podrían ser utilizadas para atentar contra la seguridad, cuando en realidad se trata de una confiscación.
El régimen Ortega-Murillo miente afirmando que «lucha contra la trata de personas y derechos de los migrantes irregulares», cuando en la realidad es el único país de la región que promueve la migración irregular y se aprovecha de ella, cobrando «peaje» a los migrantes para permitirles pasar por el territorio.
La administración estadounidense ha señalado al régimen de Managua de promover la migración irregular y aprovecharse de los migrantes.
Una investigación de la cadena inglesa BBC afirma que, desde mayo de 2022 hasta mayo de 2023 aterrizaron en Managua al menos 1.200 vuelos contratados de forma privada para transportar «pasajeros» que fueron directamente en ruta a la frontera sur con Estados Unidos”. Al menos 300.000 migrantes habrían pasado por Nicaragua, con la venia de la dictadura para dirigirse a EE.UU. entre 2023 y lo que va de 2024.
Y cierran el informe asegurando que en Nicaragua se respeta el derecho a la libertad de expresión y organización. La dictadura afirma, cínicamente que «organizaciones de la Sociedad Civil, pueden ejercer su labor, apegadas a sus estatutos internos, sin quebrantar el ordenamiento jurídico nacional. Así mismo, se respeta la independencia y pluralismo de los medios de comunicación, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política».
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