Medios argentinos en alerta por clima «hostil» hacia la prensa bajo gobierno de Milei
Los medios de comunicación argentinos, reunidos en asamblea general, expresaron su preocupación por el clima de «hostilidad» y «denigración» hacia la prensa desde hace varios meses bajo la presidencia de Javier Milei y temen que esto abra la puerta a la «violencia física».
«La propensión del presidente al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático», alerta en su informe sobre la libertad de prensa la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que agrupa a 180 medios, en su reunión anual en la ciudad de Posadas (Misiones, norte).
«Las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística», señala el texto.
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La asociación ha contabilizado en los últimos dos meses más de 50 casos de periodistas y medios que han sufrido «imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes».
El ultraliberal Milei, quien asumió en diciembre, acostumbra criticar a los medios o periodistas que no son amables con sus políticas y los cuestiona en sus discursos, entrevistas o a través de su cuenta de la red social X.
Adepa denunció, además, los «numerosos ataques a periodistas en coberturas de manifestaciones» en el último semestre y condenó «las agresiones sufridas por cronistas que recibieron heridas de balas de gomas de fuerzas policiales y golpes e insultos de manifestantes» durante una manifestación frente al Congreso en febrero.
Los medios argentinos instaron «a que el Gobierno nacional, los poderes locales y la clase dirigente (asuman) la urgencia de atenuar el clima de confrontación, garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa».
Adepa consideró «preocupante» un decreto publicado a principios de septiembre que modifica una ley que desde 2016 garantiza el acceso a la información pública.
El decreto reduce notablemente el abanico de documentos considerados de interés público legítimo y multiplica las excepciones que puede invocar el Ejecutivo para no divulgar una información.
«Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de ‘máxima divulgación'», escribió la asociación de periodistas en su informe. «La transparencia es la regla; el secreto, la excepción».
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