Descartan «paro de remesas», tras la imposición de ley que controlará a quienes envían y reciben ese dinero en Nicaragua

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo recientemente llevó al Poder Legislativo una reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977) y a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (Ley 976) para extremar las medidas de control y vigilancia a las agencias que trabajan con remesas y sus clientes.

Ahora la Unidad de Análisis Financiero, UAF, exigirá por ley información detallada sobre las remesas, ordenar la inmovilización de los fondos y reportar a emisores o receptores a la Policía y a la Fiscalía. Las agencias de remesas fueron amenazadas dentro de la iniciativa que de negarse a brindar este tipo de información, la UAF podrá imponer sanciones administrativas y penales contra los gerentes y directores de las remesadoras.

Para la activista de Derechos Humanos Ana Quirós esta reforma del régimen tiene dos objetivos, uno es ejercer control sobre los beneficiarios de remesas y quienes la envían, almacenando datos personales de quienes están fuera del país y el otro objetivo, según Quirós es controlar lo que ingresa de dinero a Nicaragua y valorar si esos fondos le podrían ser útiles.

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«Por su puesto que esta ‘vigilancia’ afecta al que recibe remesas y al que las envía, al que recibe por que sabe que estará más en la mira de las insituciones gubernamentales incluyendo a la Policía Nacional y además de ‘indagar’ para qué se utiliza el dinero enviado a las familias, también el régimen podría hasta llegar a cobrar comisión por ese servicio», dice Quirós.

En el segundo trimestre 2024, las remesas recibidas procedentes del exterior ascendieron a 1,336.9 millones de dólares,lo que representa un crecimiento de 11.9 por ciento (+US$ 142.2 millones) en comparación con lo observado en igual período de 2023 (US$1,194.7 millones), cifras presentadas por el Banco Central de Nicaragua.

Para Quirós, luego de la reforma el flujo de remesas a Nicaragua no se va a reducir considerablemente por que la gente ya tiene dentro de su presupuesto definida la cantidad de dinero que envía mensualmente a sus familiares, pero podría disminuir la utilización de los canales regulares y aparecerían canales alternativos.

«Es decir, si hoy mandan por Wester Union, mañana van a buscar una casa de remesas talvez con menos proyección, y en consecuencia con menos seguridad para la población, pero el efecto principal será de temor de sentirse vigilados y de que en cualquer momento puedan llegar a indicar para qué o en qué utilizan sus remesas», dice Quirós.

Al ser consultada por Artículo 66 sobre un paro de remesas al que se está llamado por redes sociales, Quirós dijo que dicho paro no sería viable, ni para el beneficiario, ni para la economía del país. «El régimen depende de los grandes fondos que ingresan por remesas, las que están destinadas generalmente al consumo familiar, lo que genera ingresos para el régimen a través de impuestos (por consumo)», dice.

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En 2023 el ingreso de 4.660,1 millones de dólares en concepto de remesas familiares representaron un 29,7 % del PIB de Nicaragua. En 2022 representó un 23 %, por lo que se espera que para el 2024 esa cifra supere el 30%.

En 2023, la dictadura sandinista ya había hecho una reforma a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la que obligó a ‘sujetos obligados’ que proveen servicio de remesas, a reportar cualquier transacción que tenga un monto «igual o superior» a los 500 dólares, argumentando que «en los últimos meses» han detectado un incremento de operaciones sospechosas.

Esta iniciativa que busca una nueva reforma al paquete de leyes mencionados, ya fue presentada a la Asamblea Nacional y se espera que sea aprobada en los próximos días por la aplanadora sandinista.