Dictadura sandinista controlará quién envía y recibe remesas y transferencias bancarias en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron una iniciativa de ley que ya está dentro del seno del Poder Legislativo para controlar las remesas enviadas a Nicaragua. La iniciativa es una reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos (Ley 977) y la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (976), que será aprobada en los próximos días por la aplanadora sandinista.

La dictadura, a través de la reforma, modificará 12 artículos de la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En consecuencia, ahora la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vigilará a las agencias que reciben las remesas que entran al país y las obligará a rendir cuentas detalladas.

Entre estos detalles, el gobierno facilmente podrá pedir a las agencias de envío, información sobre los clientes que envían remesas y los receptores (familias) en Nicaragua.

«Se manda a los supervisores, a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales», indica el documento.

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Dentro de las modificaciones que impondrá el gobierno de Ortega a las agencias están implementar sus programas de prevención de riesgos para todo el Grupo, incluyendo a todas sus sucursales, subsidiarias, filiales de propiedad mayoritaria y oficinas de representación en el extranjero.

Agencias financieras pagarán caro si niegan información

Esta modificación a la Ley 976 ordenada por el régimen orteguista permitirá también crear perfiles de los emisores de remesas y a los beneficiarios dentro de Nicaragua, congelar dinero de manera expedita y reportar a la Policía y a la Fiscalía a aquellos que el régimen considere «sospechosos».

En el artículo 9 referido a los «sujetos obligados», la Ley mandatará a las agencias brindar información sobre sus clientes a la UAF «sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno», por lo que a partir de ahora el Estado puede ordenar la inmovilización de los fondos o activos de personas naturales, personas jurídicas u organizaciones.

En caso de negarse, la iniciativa advierte que las agencias, gerentes y directores de las agencias de remesas, serán sancionadas administrativa y penalmente por la UAF, «en especial, los que se niegen al proceso de identificar al cliente y al beneficiario final».

Además, en el artículo 32 el régimen le prohibe a las financieras y otras agencias tener algún tipo de contacto con negocios similares de otros países que no estén debidamente registrados y a los extranjeros se les exige «cumplir con los requisitos exigidos por su regulador prudencial en Nicaragua».

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Nicaragua tuvo un ingreso en los tres primeros meses del 2024 de más de 1140 millones de dólares en remesas. Lo que equivale a 11,8 % más en comparación con el mismo período del año pasado que fue de 1.020,3 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Según el último informe del BCN, los principales países de origen de las remesas recibidas en el trimestre continuaron siendo Estados Unidos con US$1,113.6 millones, representando el 83.3 % del total; seguido de Costa Rica, con US$95.4 millones (7.1%); España, con US$75.2 millones (5.6%); Panamá, con US$13.9 millones (1.0%); y Canadá, con US$9.6 millones (0.7%), que en conjunto representaron el 97.8 %.