Se cumple un año del cierre de la UCA, jesuitas continúan denunciando su confiscación injustificada

Se cumple un año desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua. La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, orden jesuita que administraba dicha universidad, denuncia la incautación injustificada de propiedades, centros de investigación, bibliotecas y recursos económicos del alma máter.

«La confiscación de esta universidad ha causado un «invaluable» daño al patrimonio científico y cultural de Nicaragua, afectando gravemente el derecho a la educación de miles de jóvenes. La libertad de cátedra ejercida por cientos de docentes, a los derechos laborales de todo el personal y el derecho a la propiedad que tiene dicha organización religiosa», así lo remarca la Compañía jesuita a través de un comunicado emitido este 15 de agosto.

Para los jesuitas, esta agresión forma parte de un contexto de «represión sistemática» que continúa en Nicaragua, en el que «cualquier persona o institución que resulte sospechosa de no estar de acuerdo con el régimen» es atacada. En el documento publicado, los religiosos resaltan que dichas violaciones han sido calificadas como «crímenes de lesa humanidad» por el organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En su comunicado, la Compañia de Jesús se solidariza con las víctimas que han sufrido represión por parte del régimen y exigen a la dictadura Ortega-Murillo que cese la represión, que deje de cometer violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos, además de la liberación de los presos políticos.

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La institución religiosa llama al gobierno a respetar el estado de derecho y buscar un consenso nacional en el que impere la verdad, la justicia y el diálogo. También ratifican su compromiso con el pueblo nicaragüense en favor de una educación de calidad incluyente, inspirada en el evangelio de Jesucristo y agradecen, a su vez, las muestras de apoyo a nivel nacional e internacional.

El 15 de agosto del 2023 el gobierno anunció la confiscación de todos sus bienes inmuebles y activos dejando en el limbo educativo a más de cinco mil estudiantes y sin empleo a más de 400 trabajadores. Las instituciones financieras habían hecho el anuncio del bloqueo de las cuentas bancarias de dicha alma mater siete días antes del cierre.

Un día después del cierre de la UCA, el régimen sandinista, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), creó una nueva universidad asigando todo el edificio principal y la llamó Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. El Gobierno de Ortega ha cerrado desde 2022 más de 30 universidades.