Miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica buscan llegar a Estados Unidos a través del programa «Movilidad Segura»

Doña Teresa Sánchez es una pequeña comerciante que huyó de Matagalpa en junio de  2021. Durante casi tres años, fue una integrante de bajo perfil en la Alianza Cívica y, por razones religiosas, también era miembro de la pastoral de su municipio. En 2018, participó en las protestas cívicas con el apoyo de sus hijos adolescentes. 

Uno de ellos, de 17 años en ese entonces, quería ser sacerdote y era admirador del obispo Rolando Álvarez. En el auge de la crisis sociopolítica apoyó con víveres a los manifestantes opositores. Sin embargo, fue denunciado por una vecina orteguista que lo acusó de «golpista».

En junio de 2018, la Policía, al servicio del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, detuvo al joven durante ocho días y lo golpeó salvajemente, al extremo de provocarle lesiones en dos costillas y el hombro.  Su madre lo escondió en Tipitapa, en casa de unos amigos y, posteriormente, lo envió a Costa Rica.

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Un año después, fue el turno de que Sánchez, su esposo y sus otros dos hijos huyeran de Nicaragua, luego que la Policía amenazara con apresarla tras la aparición de pintas contra Ortega y Murillo en paredes y calles de Matagalpa. Las fuerzas represivas culparon a la familia de estar detrás de esas expresiones de rebelión.

Desde entonces, Sánchez vive con su familia en una comunidad semirural de la provincia de Alajuela, donde han pasado dificultades de todo tipo en su proceso migratorio. Desde discriminación por su acento nicaragüense, hasta limitaciones y necesidades económicas por el alto costo de la vida en Costa Rica. 

En junio del año pasado, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en San José, llamó a Sánchez para notificarle la apertura del programa Movilidad Segura. Esta es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que ofrece la oportunidad a personas refugiadas y migrantes de trasladarse y establecerse de manera regular en otros países. 

Doña Teresa estaba en la base de datos de ACNUR debido a que solicitó ayuda para gestionar su proceso de solicitante de refugio. En junio, la entrevistaron por teléfono y le pidieron datos y documentos de su estado migratorio. Ellos no tenían pasaportes, solo cédulas y algunos documentos de escuela, tarjetas de vacunas y algunas evidencias de la persecución en Nicaragua. 

Sin mucha expectativa, la señora y su familia se presentaron a una entrevista presencial en San José y luego, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se contactó con ella y le preguntó si su familia estaba dispuesta a viajar a España, bajo la el programa de Movilidad Segura.

España y Estados Unidos, primeros destinos 

Doña Teresa cuenta que la propuesta y la sola idea de viajar a España les dio «aflicción». «España nos pareció demasiado largo, prácticamente al otro lado del charco (océano). Uno aún tiene familia en Nicaragua y en Costa Rica, uno vive con la esperanza de verlos porque estamos cerca, pero en otro continente nos pareció muy largo», relata.

«Aquí ‘uno se la juega’ porque hay mucha comunidad, gente conocida y hasta aquí nos encontramos a un sacerdote de Matiguás (comunidad de Matagalpa), pero en España, ¿a quién tenemos? A nadie, así que desistimos de seguir en el proceso», comenta. 

Sánchez dice que, en noviembre, los asesores de OIM le dijeron que existía también la oportunidad de viajar a Estados Unidos, pero que ese sería un proceso un poco más difícil. Le pidieron datos sobre conocidos o parientes en ese país, pero ahí no tienen familiares.

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«Cuando nos dicen Estados Unidos, ya la cosa cambia porque es en el mismo continente, más cerca de mucha gente nicaragüense allá y latinos. Entonces decidimos en familia y aceptamos hacer la prueba», explica. 

Doña Teresa dice que cuando ellos notificaron que estaban dispuestos a viajar, OIM los citó a San José para una serie de entrevistas, exámenes médicos y capacitaciones. «Nos fuimos los cinco a San José; nos alojaron en un hotel durante 11 días, nos hicieron varias entrevistas y hablamos con los agentes de migración de Estados Unidos», afirma. 

«Nos preguntaron de todo y fue traumático porque algunas cosas duras que pasamos en la huida debimos contarlas y estar reviviendo dolores y todo el sufrimiento a uno lo pone mal de nuevo», comenta Teresa, quien vivió los primeros dos meses de su exilio en un pequeño espacio en San José, donde abundaban cucarachas y ratones. 

«Todos los días lloraba. Quería regresar, me hacía falta todo. En Nicaragua no éramos ricos, pero teníamos cocina y patio donde sentarnos; aquí estuvimos en un cuartito apiñados y haciendo turnos para cocinar, para bañarnos, para dormir en tres colchonetas», lamenta doña Teresa al recordar aquellas duras condiciones en las que vivió.

Ella asegura que la decisión de irse de Costa Rica se debe en gran parte al alto costo de vida, a la «cierta discriminación» que percibe como mujer rural nicaragüense y a la falta de oportunidades laborales. «Es cierto que la educación es gratuita, pero aquí sin el seguro médico del ACNUR no nos atienden en los hospitales. Las medicinas cuestan el doble o el triple que en Nicaragua, y los cuadernos, zapatos, uniformes para mis hijos, todo es carísimo. Además, como migrante, solo me ofrecen trabajo de doméstica y por debajo del salario mínimo». se queja.

Aprobados «como una lotería»

En enero, después de las entrevistas y exámenes médicos en San José, a Teresa le llegó un correo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), donde la aprobaron la solicitud de refugio en ese país.   

Le dijeron que debía esperar al menos cuatro meses para viajar, aunque en su caso no tuvo que esperar tanto; en abril ya estaba en el avión rumbo a un estado del norte en la costa este de Estados Unidos, donde ahora reside con su familia. «Es como una lotería, bendecidos por Dios», expresó Teresa.

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La agencia de reasentamiento les garantizó los boletos con un crédito a tres años de plazo, lo que les permitió abrir una cuenta bancaria para pagar el crédito federal. Además, les aseguraron cinco meses de alojamiento y subvención de alimentos, junto con un seguro médico por un año. Una vez que encuentren empleo, tendrán que asumir sus gastos y empezar a generar recursos, mientras sus hijos estudian la secundaria sin asumir colegiatura alguna.    

USCIS es una agencia federal que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos y ofrece servicios de naturalización y solicitudes de visas para inmigrantes. En este programa, ellos entrevistan a los solicitantes de refugio que ACNUR y OIM remiten para el programa de Movilidad Segura. 

«Vale la pena el trauma»

Para este reporte, varias personas que participaron en esta iniciativa de migración confiaron que las entrevistas con los agentes de USCIS suelen ser «duras y difíciles». Antonio, un exdirector de una organización no gubernamental católica, en el exilio desde 2019, dice  que la entrevista con la funcionaria estadounidense «lo marcó psicológicamente».

«Uno carga el luto por el exilio. Hay traumas que uno va cargando de lo vivido desde 2018 en Nicaragua y, de pronto, te toca dar explicaciones de por qué tu vida corre peligro. A veces uno tiene que explicar detalladamente, pero hay cosas que uno no puede ni sabe explicar», comenta desde una ciudad de California. 

Sin embargo, el «trago amargo» valió la pena. Antonio viajó en febrero pasado a Estados Unidos, donde lo ubicaron en una residencia familiar junto con tres refugiados más: un venezolano que residía en San José y un cubano que viajó desde Colombia.

Por seis meses, le asignaron presupuesto para hospedaje, alimentación, transporte, salud, ropa y gastos de estudio para aprender inglés. Una agencia católica de reasentamiento lo ubicó en una ciudad pequeña y semirural donde ahora trabaja en una plantación agrícola en labores de bodega. 

Antonio dice que la experiencia ha sido «transformadora» y espera pronto reunirse con su familia de Nicaragua, una vez que cumpla el año de estancia en Estados Unidos y pueda optar a la residencia permanente.

Las noticias sobre los nicaragüenses que tras largos meses de espera y muchas entrevistas han obtenido la aprobación para viajar a Estados Unidos ha motivado a miles de refugiados a aplicar al programa de Movilidad Segura. 

Según estimaciones extraoficiales de aplicantes al programa, la cifra de nicaragüenses buscando el beneficio de Movilidad Segura supera las 50 mil solicitudes en Costa Rica. Las oficinas de ACNUR y OIM no ofrecen los datos de las solicitudes por razones de seguridad, ya que se trata de solicitantes de refugio o refugiados en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. 

«Llamé a ACNUR a preguntar qué ha pasado con mi caso, porque apliqué en enero y solo una vez me llamaron, pero no hemos avanzado», dice una joven aplicante que participa en un grupo de WhatsApp integrado por solicitantes. «La respuesta que me dieron es que siguiera esperando con paciencia, porque son miles de solicitudes las que están pendientes de procesar», explicó.  

«A mí ya me entrevistó ACNUR en febrero, pero estoy pendiente de que me llamen de OIM y USCIS; según me dijeron las operadoras, todo está lento porque hay muchísimas personas aplicando y no todas cumplen los requisitos, pero todo mundo quiere aplicar y probar suerte”, dijo por su lado L. Orozco, un aplicante venezolano de la provincia de Cartago.

Estafadores a la vista 

A raíz de las noticias del programa y sus beneficios, se han empezado a crear grupos de WhatsApp y Telegram, páginas de Facebook y hasta canales de Instagram con fines de lucro, donde personas que se hacen llamar «gestores» ofrecen llenar las solicitudes en línea y dar «asesoramiento jurídico» para las entrevistas con ACNUR y OIM. 

Estas personas de origen costarricense en su mayoría  trabajan irregularmente como «asesores» de trámites de migración y cobran desde 10,000 colones (20 dólares aproximadamente) hasta 20,000 colones (40 dólares) «por ayudar a llenar las solicitudes de Movilidad Segura en línea».

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Por asesorías para las entrevistas ante OIM y ACNUR, cobran desde 15,000 colones (30 dólares aproximadamente) hasta 50,000 colones (casi 100 dólares).  «Los asesores te dicen que ellos pueden ayudarte a clasificar al programa, hasta diciendo mentiras», relata Johana, refugiada nicaragüense de Heredia,

«Afuera de Migración, en La Uruca (Unidad de Refugio y Migración) te andan ofreciendo el programa de Movilidad Segura. Según ellos, te ayudan a llenar la solicitud con la información que se requiere y después te dicen que te ‘afilan’ para que digas respuestas válidas en las entrevistas», dijo otro miembro de uno de los grupos de WhatsApp. 

Tal situación, a criterio de algunos interesados, podría estar afectando el acceso al sitio en línea y los trámites en general.  «Yo llevo ya dos semanas queriendo entrar al sitio y se me hace difícil, no se si es porque está caído o porque están saturados los servidores, pero desde marzo empezó todo este relajo. Hay gente muy necesitada que estamos siendo afectados con los atrasos», se queja Julio, otro de los refugiados solicitantes. 

Vía rápida a la Green Card

El programa Movilidad Segura permite a los beneficiarios, una vez admitidos en Estados Unidos, adquirir la residencia permanente o Green Card al año de permanecer en el lugar asignado por una agencia de reasentamiento. Después de cinco años, si cumplen con las normas legales, pueden optar a la ciudadanía.

El programa Movilidad Segura inició en Costa Rica el 12 de junio de 2023 en beneficio de los nicaragüenses y venezolanos radicados en el país antes de esa fecha, con condición de refugiados, solicitantes de refugio o exiliados en condiciones migratorias irregulares por razones diversas. 

Los países de destino eran España y Estados Unidos. En diciembre de 2023, el gobierno de la administración Biden prorrogó el programa un año más en Costa Rica y lo extendió a diciembre de 2024, con Estados Unidos como destino. De igual manera, este año, Estados Unidos y Costa Rica llegaron a un acuerdo para ampliar la iniciativa de Movilidad Segura que ahora incluye a ecuatorianos que se encuentren en la nación centroamericana antes del 12 de junio de 2023.

En el caso de Costa Rica solo podían aplicar al programa Movilidad Segura venezolanos y nicaragüenses presentes en ese territorio en el período señalado, pero tras negociaciones se logró incorporar para este beneficio a los ecuatorianos. 

De acuerdo con la explicación que le ofrecen a los interesados, las oficinas de ACNUR y OIM, el programa Movilidad Segura está diseñado para ayudar a personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes, para que no tengan que emprender viajes peligrosos en busca de seguridad y mejores oportunidades. 

Movilidad Segura les permite viajar de manera regular, segura y con la orientación necesaria.  «El proceso es voluntario, gratuito y la información que se comparte es de carácter confidencial», dice un funcionario de migración de ese país.