Represión y censura perpetradas por la dictadura Ortega-Murillo han alcanzado «niveles alarmantes», advierte CIDH
La represión, que incluye encarcelamientos arbitrarios por razones políticas, destierros, confiscaciones y persecución religiosa, así como la censura a toda opinión crítica al régimen, perpetradas en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han alcanzado «niveles alarmante», advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH).
En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el continente americano, la CIDH; dada la gravedad de los acontecimientos que suceden en Nicaragua, incluye al país en el análisis, en el que señala que, pese a que es el Gobierno de Ortega denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Estado «se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales es parte, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el informe la CIDH advierte que «en 2023, la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes», al punto que, los periodistas que intentan informar sobre asuntos de interés general se enfrentan al riesgo inminente de ser arrestados.
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En ese sentido, la CIDH considera que el ejercicio del periodismo es «una profesión de alto riesgo», debido al incremento de la represión por parte de las fuerzas de la dictadura.
Las acciones de censura son dirigidas particularmente hacia quienes exponen las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder cometidos por el régimen desde que estalló la crisis social y política de abril de 2018.
En 2023, la represión contra la prensa independiente ha continuado manifestándose a través de diversas prácticas, especialmente a través de la aplicación arbitraria y desproporcionada de la ley penal», denuncia el organismo regional.
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La organización defensora, que pertenece a la OEA, enfatiza en el tema de la persecución judicial; la privación arbitraria de la nacionalidad, prohibición de retorno a Nicaragua y riesgo de apatridia, así como el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil; la persecución religiosa y restricciones a la libertad de religión.
La CIDH también se refiere a la situación de las personas privadas de la libertad por razones políticas y, el agravamiento de la situación de las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Caribe.
Estado policial y criminalización
La organización regional es clara y directa al definir que en Nicaragua «se mantiene un estado policial caracterizado por la prohibición de protestas sociales, el asedio permanente a la población, la cooptación de los espacios públicos y la persistencia de una práctica de detenciones arbitrarias y el empleo de la privación de la libertad para mantener un clima de miedo en la población, censurar cualquier expresión de disenso, tanto en el espacio físico como digital e, inclusive, para perseguir las expresiones de fe y prácticas de la religión católica».
En sus conclusiones, los defensores de DH destacan que durante el año pasado persistió «una fase represiva que busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basada en la instauración de un estado policial y la suspensión efectiva de los derechos y libertades fundamentales».
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