CIDH otorga medidas cautelares a 11 miembros de la Iglesia Puerta de la Montaña, encarcelados por el régimen sandinista

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 21 de abril de 2024 la Resolución 23/2024, a través de la cual otorga medidas cautelares para 11 miembros de la iglesia evangélica Puerta de la Montaña, incluyendo al líder de esa organización con sede en Estados Unidos, y a su esposa, quienes fueron encerrados por la dictadura sandinista entre el 12 y el 17 de diciembre de 2023, y acusados por delitos de lavado de dinero.

Los varones beneficiarios de esta medida cautelar son identificados en la resolución como Walner Omier Blandón Ochoa (41 años), José Luis Orozco Urrutia  (47 años), Álvaro Daniel Escobar Caldera (42 años), Juan Carlos Chavarría Zapata (57 años), Marcos Sergio Hernández Jirón (57 años), Juan Luis Moncada (51 años), Orvin Alexis Moncada Castellano (25 años), Harry Lening Ríos Bravo  (45 años), Manuel De Jesús Ríos Flores (53 años), Cesar Facundo Burgalín Miranda (43 años).

La única mujer que está incluida en esta lista de beneficiarios por la CIDH es identificada como Marisela de Fátima Mejía Ruiz (40 años), quien, según la documentación publicada por la Comisión, es líder religiosa de la misma congregación evangélica y esposa de Walner Omier Blandón Ochoa.

Otras noticias: Organización evangélica afirma que Ortega ha garantizado «la libertad religiosa», pese a persecución y asedio a pastores

Sobre Mejía Ruiz, la CIDH agrega que «Se informó que al momento de su detención llevaba dos meses de haber dado a luz a su segundo hijo. A la fecha, seguiría en período de lactancia, el cual se habría visto interrumpido por su detención. Asimismo, se habría visto interrumpida la relación con su primera hija de dos años. Los funcionarios penitenciarios no le permitirían ver a sus hijos durante su estancia en prisión».

La nota de prensa en la que se da cuenta de esta resolución, agrega que la mujer tampoco «estaría recibiendo atención post natal ni alimentación adecuada».

«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho referidas en el presente asunto, la CIDH consideró que las 11 personas beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo y son susceptibles de estar expuestas a una mayor afectación de sus derechos, dada la condición de privación de libertad, el estado de salud actual y la falta de acceso a atención médica adecuada», expone la entidad de derechos humanos.

La CIDH concluye solicitando al Estado de Nicaragua, controlado en su totalidad por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que adopte las medidas para proteger la vida y la salud de las personas beneficiarias. Igualmente les pide que informe sobre la situación en la que se encuentran los privados de libertad, que asegure las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales y que asegure el acceso a salud necesaria, según sus padecimientos.

A la vez, le pide a Ortega que permita el contacto con sus familiares y el acceso a abogados, a la vez que evalúe el otorgamiento de medidas alternativas de privación de libertad.

La embestida contra Puerta de la Montaña

Entre el 12 y el 17 de diciembre de 2023, la Policía orteguista detuvo a distintos pastores de Puerta de la Montaña. Según el comunicado oficial del órgano gubernamental, la organización servía como una «fachada» para el ingreso de «dinero ilícito» a Nicaragua, el cual era invertido en la compra de bienes muebles e inmuebles.

Noticia relacionada: Régimen de Ortega condena a miembros de Puerta de la Montaña e impone multa individual por US$ 80 millones

El juicio contra los integrantes de la organización cristiana fue realizado a puertas cerradas. Una fuente de esa congregación evangélica dijo a medios de comunicación que «la resolución condenatoria fue comunicada a los acusados y a sus abogados» el miércoles, 20 de marzo.

La dictadura Ortega-Murillo sentenció a los religiosos a cumplir penas de entre 12 y 15 años de prisión y a pagar una multa de 80 millones de dólares por persona, por el delito de «lavado de dinero agravado». La condena fue dictada el pasado 19 de marzo en el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio, en Managua, por la jueza orteguista Gloria María Saavedra Corrales, identificada como una de las verdugos judiciales que tiene Ortega a su disposición para condenar a personas que sean objetivos políticos del régimen.

Aunque la CIDH solo incluye entre los beneficiarios a las 11 personas identificadas como pastores de Puerta de la Montaña, la información que circuló en semanas anteriores también daba cuenta de la detención de las abogadas Isabel Cristina Acevedo Solís y Maricarmen Espinoza Segura, de quienes se supo que fueron sentenciadas a 12 y 10 años de cárcel, respectivamente.