Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, y el oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inhabilitaron por 15 años a la candidata de la oposición para las «elecciones» de 2024, María Corina Machado.
Este 26 de enero, a pesar de las negociaciones con Estados Unidos y la vigilancia de otros mediadores, el Estado venezolano negó la participación de Machado. Esta decisión despertó críticas en contra del régimen de Maduro, pero, sobre todo, a la «débil mediación» de otros países.
El director de Latin American Watch, Agustín Antonetti, compartió en su cuenta de X que «Maduro decidió no tener oposición y, por lo tanto, solo él competirá en las elecciones». «Con la inhabilitación de Machado, es el momento de imponer un aislamiento total a Venezuela de parte de la comunidad internacional, incluida América Latina», comentó.
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En una línea similar, pero más crítica, el expresidente de Bolivia, Jorge (Tuto) Quiroga, denunció que «desde la Iniciativa Democrática de España y las Américas, exigimos a los ingenuos e incompetentes garantes del Acuerdo de Barbados que cumplan su compromiso de defender la democracia en Venezuela y garantizar la candidatura de Machado». «Ya están perdiendo en Ucrania y ahora Venezuela, despierten», recalcó.
Los «irresponsables», a los que alude el exmandatario, son Joe Biden, presidente de los Estados Unidos; Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido.
Ante las críticas, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, consideró que «la decisión de descalificar a Machado es completamente inconsistente con los acuerdos que fueron negociados con el representante de Maduro». A su vez, explicó que la inhabilitación carecía de elementos básicos para ser legítima, debido a que la opositora «nunca recibió ninguna copia de las acusaciones en su contra ni tuvo la oportunidad de responderla».
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Por último, el vocero compartió que «actualmente, Estados Unidos está revisando las políticas sobre las sanciones a Venezuela y el análisis será realizado con base en la persecución contra la oposición democrática y sociedad civil».
Por otro lado, la directora del medio LA SEMANA, Vicky Dávila, opinó que «nadie en el mundo puede creer en Nicolás Maduro, ya que, como todos los dictadores, no es confiable». «El Tribunal Supremo está bajo presión de Maduro y, por lo tanto, era esperable la inhabilitación a Machado, quien era la favorita a ganar las elecciones», opinó.
Dávila indicó que la trampa de Maduro fue «lograr que le quitaran las sanciones, aún cuando era buscado por la justicia de Estados Unidos debido a acusaciones por narcotráfico». «La trampa fue que logró que le liberaran a Alex Saab; la trampa y la traición fue no cumplir con lo prometido para que en Venezuela lleguen las elecciones libres y candidaturas democráticas como la de María Corina», explicó.
La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, criticó que «la nueva Constitución, que nació moribunda, solo sirvió para que el régimen de Maduro tomara oxígeno». «Ahora que logró aprovecharse de ella para inhabilitar a los otros opositores, volvió a morir», reafirmó.
Por otro lado, el activista político y desnacionalizado nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, comentó que «fue confirmada públicamente la ejecución del plan de Maduro, con claras influencias de Nicaragua y Cuba sobre inhabilitaciones, cárcel y fraude». «Todos estos delincuentes actúan de la misma manera», declaró.
Chamorro, de manera similar a Machado, se postuló como precandidato presidencial de Nicaragua en 2021, sin embargo, fue perseguido, encarcelado, desterrado y desnacionalizado por el régimen de Ortega y Murillo.
Por último, el abogado Yader Morazán cuestionó que «¿qué va a hacer la inservible ONU, la supuesta comunidad internacional inexistente, la Organización de Estados Americanos parásita o Estados Unidos, quien sigue comercializando con el régimen de Maduro? Nada». «En Venezuela se tardaron décadas lo que en Nicaragua sucedió en años y/o meses», declaró.
La historia de un acuerdo irrespetado
El TSJ, de línea oficialista, creó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes «aspiran a postularse» a las presidenciales de 2024, bajo presión de Estados Unidos y en medio del acuerdo suscrito en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega. Este acuerdo, en teoría, permite que haya candidatos opositores durante las elecciones de Venezuela.
Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.
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La Sala Político Administrativa del TSJ validó los argumentos de este organismo de sancionar a Machado, de 56 años, por presuntamente ser «partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos».