Ortega pide a la CIJ ser parte acusadora contra Israel por presunto genocidio en Gaza

Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados por cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua, quieren que se autorice a su régimen para ser parte acusadora, junto a Sudáfrica, en la causa por presunta «comisión de actos de genocidio» contra el pueblo palestino de Gaza. El más reciente capítulo bélico entre esas naciones inició el pasado 29 de diciembre. 

En una nota de prensa, divulgada por los medios de la propaganda oficialista, la dictadura Ortega-Murillo anuncia que ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) «que sea autorizada su intervención en el caso incoado por Sudáfrica contra Israel, relacionado a la aplicación de la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la Franja de Gaza».

El régimen de Nicaragua, también criticada por practicar acciones que podrían ser consideradas como genocidio contra la población indígena del Caribe de su país, pide a la CIJ ser tenida como Estado parte y participar en el proceso «con todas las implicaciones legales derivadas del fallo del Tribunal».

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«La decisión de Nicaragua de solicitar una intervención como un Estado parte sobre el fondo del asunto, y no como un simple participante en la interpretación de la Convención, refleja el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y del pueblo de Nicaragua en la liberación del pueblo palestino», dice la nota de prensa gubernamental con fecha de 23 de enero de 2024.

Los dictadores Ortega y Murillo pretenden mostrarse ante el mundo como respetuosos y garantes de la vida, mientras en Nicaragua se reclama aún la investigación, enjuiciamiento y condena de los culpables por más de 350 asesinatos durante las protestas sociales de 2018, que se le achacan directamente a la pareja en el poder por haber dado la orden a sus servicios represivos de disparar a matar contra manifestantes desarmados.

Asimismo, los Ortega-Murillo aseguran en su comunicado que su régimen mantiene un «firme compromiso con el estado de derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados», afirmación que se desdice con las acciones del matrimonio presidencial que retiraron a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) para no someterse al escrutinio internacional por sus violaciones a los derechos humanos.

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El comunicado del régimen agrega que, la solicitud de ser incluida como parte en el proceso contra Israel, es hecha bajo el artículo 62 del Estatuto de la Corte, lo cual implica que, de ser autorizada dicha intervención, Nicaragua considera que las acciones emprendidas por Israel «constituyen claras violaciones de la Convención contra el Genocidio».

Ortega recurre a la CIJ que es la instancia judicial de la Organización de Naciones Unidas, pero despotrica contra esa organización cuando el Consejo de Derechos Humanos denuncia la represión dirigida por el régimen de Managua.