Los diputados de la Asamblea Nacional, órgano gubernamental controlado por el régimen orteguista, aprobó, en segunda legislación, una reforma a la Constitución de Nicaragua, específicamente, los artículos 165 y 97, este último, el que define las funciones de la Policía Nacional. Con esta modificación, el régimen «legalizó» la subordinación total de los agentes del orden público al presidente de la República, Daniel Ortega.
A pesar que esta reforma supone un cambio total en el «cuerpo armado de naturaleza civil», ya que dejará de ser un ente «profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante», para la mayoría de opositores políticos esto solo es una «oficialización» de algo que ocurría desde hace años.
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En primer lugar, el exdiplomático y exrepresentante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields Yescas, compartió en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) que «diputados de la dictadura orteguista aprueban, en segunda legislatura, la eliminación del carácter independiente de la Policía». «En Nicaragua, la Constitución es reformada y manoseada siete veces al año», agregó.
En la misma línea, el abogado y secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, dijo a Artículo 66 que «Nicaragua es un país rehén de un brutal régimen dictatorial cuya única ideología es la permanencia en el poder, tal y como fueron múltiples dictaduras en el siglo pasado». Para el opositor, el gobierno ilegal de Ortega-Murillo repite una característica de esos mandatos basada en «el aumento del flagrante enriquecimiento ilícito, mediante brutal terrorismo de Estado y masificada corrupción».
El defensor de derechos humanos consideró que «desde 2018, las tropas policiales agudizaron las violaciones a los derechos humanos» al realizar múltiples acciones de abuso de autoridad, como «los asesinatos cometidos en la operación limpieza, los allanamientos ilegales, detenciones sin cargos y otros crímenes».
Leiva explicó que las reformas realizadas por la Asamblea Nacional «lo único que hacen es intentar dar una imposible formalización a uno de los brutales instrumentos que la dictadura Ortega-Murillo tiene a su discrecional disposición». El abogado comentó que con las modificaciones a la Constitución, en lo vinculado con la Policía, la tiranía «mantiene en el poder y fortalece aún más el férreo control que tiene sobre el país, las instituciones, y la población».
En una visión similar, el abogado Yader Morazán mencionó que «es cierto que con o sin reforma constitucional, la Policía ya era ‘apolítica‘ y ‘apartidista‘»; sin embargo, indicó que «los diputados hicieron una declaración explícita que los involucra y los hace coresponsables del régimen».
El opositor exiliado explicó que «ahora tenemos cómo documentar y cómo demostrar que son parte del aparato represivo». Por último, Morazán recalcó que «no perdamos la capacidad de asombro frente a lo arbitrario, y vemos los hechos como un nuevo acto criminal dentro de un sistema represivo en el que nada está normal».
Estas reformas, de acuerdo con el opositor y miembro de la Unidad Democratica Renovadora – UNAMOS, Héctor Mairena, tienen como objetivo que «Daniel Ortega y/o Rosario Murillo ejerzan un control casi unipersonal del principal aparato represor de su régimen». A su vez, mencionó que «con la integración de la Policía al Ministerio del Interior, la jefatura de Francisco Díaz pasará a segundo plano, mientras que oficiales como Horacio Rocha serán los verdaderos jefes de la Policía».
La formalización de una Policía que no cuida a su pueblo
En un comunicado de prensa compartido por la Asamblea, se remarca que «en la primera sesión ordinaria de 2024, llevada a cabo el 16 de enero de 2024, los diputados aprobaron las reformas al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua».
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Entre los puntos presentados por la aplanadora oficialista y sus aliados en el Parlamento se reafirmaron «las funciones de la institución bajo la subordinación del presidente de la República», quien regirá al organismo. Los diputados argumentaron que «este cambio se realizó para garantizar la seguridad, preservar el orden interno en Nicaragua, mantener el orden social, proteger la vida de los nicaragüenses y velar por el respeto de los bienes nacionales y particulares».