Analistas políticos nicaragüenses consideran que con el Plan de Seguridad Ciudadana que realizará la Policía Nacional en toda Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega solamente busca ejercer una mayor «intimidación y control» sobre la población en general.
De acuerdo con la administración orteguista, el plan de seguridad está previsto para iniciar este viernes, 11 de agosto, y finalizará el próximo siete de noviembre de 2023. Con esta iniciativa, los agentes policiales realizarán visitas domiciliarias en todo el territorio nicaragüense para «escuchar la opinión y recomendaciones» de la ciudadanía para mejorar su «servicio».
En entrevista para Artículo 66, el sociólogo y opositor Douglas Castro Quezada señaló que este plan de seguridad del orteguismo podría ser una táctica de intimidación y control de la población, en lugar de un verdadero deseo de obtener opiniones.
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«Es posible que este plan tenga como objetivo identificar y hostigar a quienes se oponen a la dictadura. La recopilación de información en casa ofrece oportunidades para registrar creencias políticas o religiosas que podrían ser utilizadas contra los ciudadanos», subrayó Castro.
El sociólogo apuntó que este proyecto «representa un gran peligro para aquellos que se oponen a la dictadura. Además de poner en peligro sus inclinaciones políticas, también podrían enfrentar represalias».
En ese sentido, afirmó que «utilizando la excusa de mejorar la seguridad, esta táctica podría fortalecer aún más el dominio de Ortega y reprimir a los opositores, afectando negativamente los derechos humanos en Nicaragua. Es esencial observar con cuidado su evolución y consecuencias».
El exdiputado liberal y opositor Eliseo Nuñez también señaló que este plan de seguridad liderado por la Policía sandinista «representa un eslabón más en la represión» y de esta manera, hacer sentir a la ciudadanía que está vigilada permanentemente.
«Lo que quiere la Policía es verle la cara a la gente y decirle claramente que la están vigilando, es una acción de amenaza, pero también es una acción en que el policía del barrio da su cara al poblador y el poblador sabrá quién es el represor con nombre y apellido», resaltó Nuñez.
«En efecto los ciudadanos van a saber que ellos son los que los han mandado a echar presos, los que los sacan del país, y esto tiene un riesgo porque definitivamente las cosas van a cambiar y cuando cambien, va a haber justicia para la gente que ha sufrido tanto», subrayó.
Este plan de seguridad gestado por el régimen orteguista se da en un contexto en el que perdura la persecución en contra de líderes opositores, organizaciones no gubernamentales y la Iglesia católica.
Además, en otras ocasiones, agentes policiales han efectuado visitas a casas de diferentes ciudadanos, resultando en la detención de algunos de ellos y su posterior traslado a instalaciones policiales. En estas estaciones, los familiares de los detenidos no reciben información sobre su paradero.