La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) finalmente adoptó, «por unanimidad», una resolución en la que se declara «preocupada», «alarmada» y «profundamente preocupada» por el «escalamiento de la represión, el cierre del espacio cívico, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro de la situación de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes», así como la «denegación de derechos civiles y políticos básicos de la ciudadanía nicaragüense».
El texto de la resolución provocó idas y vueltas que ocasionaron el cambio de dos proyectos, uno de ellos presentado por Brasil en el que pretendían «suavizar» el tono del primer proyecto presentado por cinco países entre ellos Canadá, Costa Rica y EE.UU.
Al final, pese a la «contundencia» prometida por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, en la resolución de la OEA no aparece la palabra «condena», ni la declaración de «ilegitimidad» que tanto reclamaron sectores opositores a la dictadura de Nicaragua.
A solo 5 meses de que el Estado de Nicaragua abandone definitivamente el organismo regional, la 53 Asamblea General, que se celebra en Washington, se declaró «consiente del agravamiento de la crisis política y humanitaria en Nicaragua desde 2018», pese a los constantes llamados de la organización para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo restablecieran «las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos en el país».
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Asimismo, se declara «profundamente preocupados por las denuncias de persecución a miembros del clero y de comunidades religiosas que sufren, entre otras cosas, detención arbitraria, hostigamiento y expulsión injustificada». Además, por «la seria y sistemática violación del derecho a la libertad religiosa en el ámbito público y privado».
La OEA también se declara «profundamente preocupada por el Informe de marzo de 2023 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de que existen elementos de hecho para concluir, prima facie, la existencia de un crimen de lesa humanidad de persecución».
En consecuencia, el organismo declara que está «dispuesto a comprometerse de manera constructiva con Nicaragua y los mecanismos internacionales de derechos humanos a fin de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
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Ante todo esto, la Asamblea General de la OEA en su resolución emite 9 puntos en los que «insta» al Gobierno de Nicaragua, entre otras aspectos, a que «cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas, y el Estado de derecho y a que se abstenga de toda forma de intimidación y acoso contra periodistas, medios de comunicación, comunidades religiosas y organizaciones no gubernamentales, respetando su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».
Además, Instan al régimen a liberar «de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos», y a que se abstenga de «reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y a que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez».
Hacen un «llamamiento» al régimen para que «deje sin efecto las normas que permiten privar arbitrariamente de su nacionalidad a ciudadanas y ciudadanos» y piden al Consejo Permanente de la OEA que siga «ocupándose de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua».
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Y finalmente hacen un llamamiento a los estados miembros para que «hagan todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel».
Ortega denunció la Carta constitutiva de la OEA el 16 de noviembre de 2021, por lo que, de acuerdo con los estatutos del organismo, su retirada oficial de esa instancia regional se materializará el próximo 16 de noviembre y el dictador se retirará sin haber cumplido ni una de las recomendaciones sugeridas por el organismo, e incluso ignoró las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deben ser de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros.