La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa confiscando los bienes a las Organizaciones No Gubernamentales que han sido despojadas de su personalidad jurídica, en esta ocasión, la Policía al servicio del régimen se tomó las instalaciones del Centro Recreativo Xilonem, ubicado en el municipio de Condega, Estelí.
La defensora de derechos humanos Haydeé Castillo, en su cuenta de Twitter, denunció que la expropiación ilegal de esta propiedad ocurrió la tarde del 20 de junio. «En estos momentos la policía orteguista acompañada de la operadora Mery Johana Hernandez T. se toma El Centro Recreativo Xilonem», señaló.
La también activista política detalló que el centro confiscado es propiedad de la Asociación Pro Recreación Educación y Orientación Juvenil (APROROJ) y que fue donde funcionaron durante 16 años las oficinas de la Red de Mujeres de Condega.
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En mayo de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, despojó de su personería jurídica a APROROJ y a la Red de Mujeres de Condega.
Luego de la anulación de las organizaciones, la dictadura ha establecido que los bienes y acciones que pertenezcan a las entidades «tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado, de conformidad a la Ley de la materia».
Las confiscaciones de los bienes tanto a organismos como empresas están prohibidas según el artículo 44 de la Constitución Política de la República, pero el país está dominado por una dictadura que no obedece el ordenamiento jurídico.
Dicho artículo establece que se «garantiza el derecho a propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción». Asimismo, indica que «se prohíbe la confiscación de bienes» y que los funcionarios que infrinjan esta disposición «responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos».
Desde finales de 2018, la administración de Ortega Murillo ha cancelado más de 3300 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, dejando así en el desempleo a más de 23,400 personas nicaragüenses, según un estudio de Fundación del Río.