La Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua anunció que la confiscación y expropiación de los bienes de los 94 nicaragüenses declarados apátridas ya inició. Dos de los afectados por esta medida rechazaron el accionar de la dictadura. Expertos en derecho afirman que todo lo actuado es ilegal.
En una declaración oficial la PGR informó que las personas naturales o jurídicas que se encuentren viviendo o usando las propiedades confiscadas de algunos nicaragüenses desterrados, deberán presentarse a las oficinas de este órgano para «formalizar» su «estatus ocupacional».
La periodista Lucía Pineda Ubau, una de las afectadas por esta medida de la dictadura, dijo a Artículo 66 que el comunicado oficial del abogado del Estado solo «ratifica el robo descarado» de su propiedad.
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«En mi casa no vivía nadie, no la alquilaba, precisamente para evitar problemas a terceros. Ahora seguro buscarán cómo sacar dinero del fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo que hice para construirla», dijo Pineda.
La abogada Yonarqui Martínez manifestó que el Estado de Nicaragua aplica una ley ilegal para decomisar bienes, pero que solo se podría usar para delitos de crimen organizado. La defensora de derechos humanos reafirmó que el decomiso y la expropiación de estos bienes es ilegal.
«Dentro de esas 94 personas (a las que declararon apátridas) no hubo un procedimiento, un juicio, no tuvieron derecho a defenderse, se violentó el principio de oralidad y publicidad de todo procedimiento, se violentó los derechos del acusado. Todo lo que emana de penas accesorias, consecuencias y penalidades en este caso son consideradas anómalas. Son procedimientos no típicos, inusual», manifestó.
«El procedimiento que está usando la Procuraduría es un procedimiento que no está establecido en el decomiso de bienes y ocupación de los mismos, los inquilinos que están en las propiedades van a ser objeto de un sinnúmero de violaciones en cuanto a su paz, a la estadía en el lugar», añadió.
Confiscación prohibida constitucionalmente
Indicó que constitucionalmente la expropiación y confiscación «está prohibida, pero se han valido de leyes que son inaplicables en este tipo de delitos para poder despojar de bienes a las víctimas».
Otro de los afectados por la pérdida de la nacionalidad es el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz. El jurista se pronunció en contra de la confiscación y expropiación de los bienes de los 94 nicaragüenses expatriados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«En justo derecho, ninguna condena que no implique delitos como el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico o la defraudación, puede alcanzar los bienes del condenado decomisándolos. Se decomisa lo mal habido o lo que no debería estar en manos de un particular sin permiso», escribió en su cuenta de Twitter.
Tiempos de absolutismo
Ramírez-Ayérdiz explicó que la relación de los bienes es a través de la capacidad jurídica y no de la nacionalidad, que les fue arrebatada de forma ilegal. El abogado indicó que si los bienes no fueron usados para cometer el supuesto delito de traición, los bienes no deberían ser tocados. «Aún en la apatridía hay derechos sobre los bienes», dijo.
«Pareciera que se vuelve a los tiempos del absolutismo: cuando el Rey se sentía ofendido y un tribunal condenaba por lesa majestad a alguien, la sentencia incluía la confiscación de todos sus bienes porque oponerse al Rey era la muerte civil. Nicaragua no puede aplicar esta lógica ya superada por el Derecho Penal. La PGR es el tribunal de la inquisición sirviendo a la perversidad de los reyes del Carmen», añadió.
La abogada Martínez recomendó a las víctimas de las confiscaciones que documenten el despojo y violación a la propiedad privada establecida en la Constitución Política así como la inviolabilidad del domicilio. «Lamentablemente otra arbitrariedad más», concluyó la abogada.