La Cancillería de Chile informó que su país ofrece la nacionalidad a los nicaragüenses que han sido despojados de la ciudadanía nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En total son 317 opositores del país centroamericano que están apátridas por órdenes de la dictadura de Managua.
Este gesto de solidaridad con los excarcelados políticos y los exiliados a quienes se les arrebató la nacionalidad fue instruida por el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, uno de las voces más críticas de la región contra las prácticas autoritaria de la dictadura Ortega Murillo.
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«El Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan», reza la declaración oficial de la Cancillería de Chile, dirigida por Antonia Urrejola, una reconocida defensora de los derechos humanos.
El Gobierno de Chile puso a partir de hoy esta alternativa para quienes han sido «injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla». La iniciativa del país suramericano se une a las ya anunciadas por el Reino de España y la Argentina.
«La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad», afirma el Ministerio de Exteriores de Chile.
Por su lado, el canciller argentino, Santiago Cafiero, refirió en entrevista con la periodista Gabriela Cerruti que la administración de Alberto Fernández está dispuesta a apoyar otorgando la nacionalidad a nicaragüenses despojados de la misma.
«Por supuesto está la posibilidad de darle la ciudadanía argentina a Sergio Ramírez y a todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua. Si la pide, se la damos», expresó el político.
Entre el nueve y el 15 de febrero, el régimen de Nicaragua declaró «traidores a la patria» a 317 personas, de estas 222 fueron desterradas a Estados Unidos y 94 fueron anunciadas a mediados del mes. Junto al arrebato de la ciudadanía nicaragüense también de ordenó la confiscación de sus bienes.
Ortega reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República para quitar la nacionalidad nicaragüense a las voces disidentes a su régimen. Abogados y organismos locales e internacionales de derechos humanos han afirmado que lo actuado por los jueces orteguistas es violatorio a las leyes internacionales.
Diversos países de la comunidad internacional han pedido a Ortega que se revierta su decisión y restituya los derechos de las personas afectadas con la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, pero el régimen hace oídos sordos a estos llamamientos.