Los presos políticos Walter Antonio Gómez y Marco Antonio Fletes, ambos extrabajadores administrativos de extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), cumplen este dos de febrero, 615 días detenidos en las celdas del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como «El Nuevo Chipote», señalado como un centro de tortura a opositores.
Ambos fueron apresados y tomados como rehenes de conciencia de la dictadura por haber trabajado por varios años con la entonces aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien se posicionaba como favorita a ganar la Presidencia contra la pareja gobernante. La justicia orteguista los acusó del supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos; y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.
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El juicio en contra de los ciudadanos estuvo plagado de irregularidades y nulidades, según las denuncias de sus defensores. En el proceso desfilaron una serie de testigos como policías y periodistas. La acusación se basó en el apoyo que la organización entregó por varios años a los medios de comunicación independientes.
Los extrabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marco Fletes, fueron exhibidos por la dictadura Ortega Murillo por primera vez, tras 15 meses encerrados, el pasado 30 de septiembre, ante los medios de propaganda de la familia presidencial. En dicho acto, que tuvo como escenario los juzgados de Managua, lucieron irreconocibles, demacrados y delgados debido a los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que son sometidos a diario.
En el libelo acusatorio se señala a Fletes y Gómez, contador y administrador respectivamente, de solicitar a terceros el cambio de cheques de la Fundación.
El proceso judicial en su contra inició el tres de marzo y culminó el 11, se celebró en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocida como «El Chipote», donde también están cautivos otros 27 rehenes de conciencia. El juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, fue el encargado de condenar a Gómez y Fletes a 13 años de cárcel para cada uno.
Defensores de derechos humanos y organismos internacionales han demandado la libertad de ambos ciudadanos, al mismo tiempo que han calificado su encarcelamiento como «ilegal» por la falta de garantías en el proceso. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que fueron detenidos porque Ortega considera «cualquier conexión con los valores democráticos equivalente a una amenaza para su poder».