Monseñor Rolando Álvarez, a juicio político este martes 10 de enero

El obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez Lagos, será sometido a un juicio político este martes, 10 de enero, por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La justicia del régimen lo procesará penalmente por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.

Monseñor Rolando Álvarez es una de las voces más críticas contra la dictadura de Ortega y Murillo, el binomio que controla los hilos del poder en Nicaragua, un país sumido en una crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos desde 2018. En ese año, el régimen ordenó sofocar a sangre y fuego las protestas sociales que pedían la renuncia del dictador.

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Tras más de cuatro meses en cautiverio, el 13 de diciembre de 2021 la dictadura presentó a monseñor Rolando Álvarez en los juzgados de Managua. Las fotografías difundidas por los medios de propaganda muestran al religioso con una guayabera azul y sin su sotana de obispo; el rostro se le ve demacrado.

La abogada, defensora de derechos humanos y autora del informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», Martha Patricia Molina, considera que el proceso judicial contra el obispo Rolando Álvarez presenta una serie de irregularidades que delatan la arbitrariedad del Estado.

«Ese proceso es nulo de principio a fin, el juez lo sabe. Desde la manera de detención se nota la ilegalidad. También en los tiempos de investigación y juicio, ni siquiera las propias leyes inconstitucionales que ellos (la dictadura) diseñaron en estos últimos meses la están cumpliendo», dijo Molina a Artículo 66.

«No se le permite la defensa técnica y se le impone a un títere defensor público que actuará lógicamente a favor del Estado agresor y no de la víctima que en este caso son los religiosos, aunque la dictadura los presente como imputados/delincuentes», añadió la experta.

Unos 15 sacerdotes, laicos, seminaristas, periodistas de Diócesis Media y el obispo Rolando Álvarez son parte de los más de 230 presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La mayoría son señalados de delitos bajo la Ley de Soberanía y Ley Especial de Ciberdelitos, dos instrumentos jurídicos inventados para encarcelar a los opositores y religiosos.

 «(En los procesos penales) presentan testigos falsos y las pruebas sin mérito alguno. Y puedo asegurar que la sentencia de cada uno ya está elaborada», concluyó Molina.