Jefes policiales dirigen «andamiaje represivo» en los municipios de Nicaragua

El informe «Análisis del Poder Local», del observatorio independiente Urnas Abiertas, señala que los jefes policiales ocupan el tercer lugar de mayor poder en los municipios de Nicaragua. El documento explica que algunas de estas personas recibieron ese «poder» como «premio» por su participación en la represión contra la población a partir de 2018.

En el estudio, la población consultada menciona que los secretarios políticos y los alcaldes copan los dos primeros lugares en el ejercicio del poder, mientras que los vicealcaldes y líderes comunitarios lo ejercen en menor medida siendo percibidos como «figuras decorativas» en los municipios.

Estos tres actores con mayor poder en las localidades son los mismos que fueron peor evaluados por la ciudadanía por la arbitrariedad con la que ejecutan su rol, debido a su naturaleza política, represiva y antidemocrática en contra de la mayor parte de la población que no es afín al gobierno sandinista en los municipios.

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El estudio revela que los jefes policiales están a cargo del «andamiaje represivo en los territorios». «La población señala que desde las alcaldías se financió a grupos paramilitares y fuerzas de choque en 2018, algunos se encuentran activos en la actualidad», critica Urnas Abiertas en su cuenta de Twitter al citar el informe.

Otros personajes que fueron mencionados con algún tipo de poder o influencia son funcionarios públicos, diputados o políticos nacionales y empresas que operan en el territorio y tienen vínculos colusorios o de poder con el régimen, según la opinión ciudadana.

Urnas Abiertas enfatiza que el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, es la figura de represión más leal al sandinismo y que «su nuevo rango dentro de las fuerzas armadas fue dado luego de reprimir a la ciudadanía que protestaba en Masaya en 2018».

El documento explica que la ruptura del orden democrático, la perpetuidad en el poder de Daniel Ortega, la cooptación del Estado, la construcción de un sistema de gobierno familiar y los crímenes de lesa humanidad son los mecanismos en que el régimen de Nicaragua genera un control político absoluto.