Estado de Nicaragua podría ser demandado por negligencia en el manejo del COVID-19

La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría ser demandada internacionalmente por la negligencia e imprudencia con que la dictadura ha manejado la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, reveló una investigación de la Universidad de Baleares, de España.

El informe, «Nicaragua: violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el contexto de la pandemia», destaca que los ciudadanos nicaragüenses cuentan con las evidencias necesarias para «demandar y denunciar al Estado de Nicaragua como responsable intelectual y material de las múltiples violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, y que todavía ocurren, en el contexto de la pandemia».

Señala que existe una «inacción» por parte del régimen de Ortega-Murillo para abordar eficientemente el tema del COVID-19 en el país, en referencia a las medidas de prevención y el seguimiento de un protocolo de seguridad para combatir la propagación y consecuencias del virus.

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Además, indica que «en contra de todo fundamento científico y desatendiendo todas las medidas y protocolos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), (la dictadura) promovió marchas masivas y actividades turísticas, religiosas, deportivas, escolares y laborales a lo largo de la pandemia», se lee en el informe.

Asimismo, resalta que la administración sandinista prohibió en su momento al personal estatal el uso de mascarillas, el alcohol en gel y la limpieza de las manos, con el objetivo de restarle importancia a la pandemia.

Ignoraron medidas de bioseguridad de la OMS

Desde que comenzó la pandemia, el régimen de Daniel Ortega no ha aplicado medidas restrictivas para contrarrestar los contagios y propagación del coronavirus en el país, lo que le ha valido críticas de la OMS. 

«Todas las acciones del Estado para frenar la pandemia fueron contrarias a las recomendaciones médicas y científicas, y que expusieron a los nicaragüenses al contagio violando sistemáticamente sus derechos», apunta el estudio.

Además, la administración de Ortega «criminalizó y politizó a los ciudadanos que protegían su vida con medidas sanitarias, considerándolos de la oposición política».

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) no informó a la población «sobre la evolución de los contagios y las defunciones, sino que la información sobre la pandemia fue centralizada, llena de populismo y propaganda política».

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La entidad sanitaria se encargó de registrar solo 245 fallecidos atribuibles al COVID-19, en más de dos años de pandemia, mientras el informe revela un subregistro de muertes que calculan podría rondar los 14,825 decesos en Nicaragua.

Gobierno de Ortega sacó provecho de pandemia

El estudio realizado por Luis Alberto Montoya Coronado y Margalida Capellá Roig, en conjunto con el equipo jurídico e investigador del Laboratorio Interdisciplinario sobre Derechos y Libertades de las Islas Baleares (LIDIB), también subraya que en pleno pico de la pandemia «el Estado decidió aplicar impuestos a respiradores, oxímetros y mascarillas» con el objetivo de lucrarse.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, dijo que la donación de pruebas rápidas a Nicaragua, que hizo el organismo financiero para detectar el COVID-19, no obligada a la administración de Ortega a brindar este servicio de manera gratuita, es decir, que el gobierno podía cobrar por los test si así lo deseaban.

«La donación (de las pruebas) no obligaba a un país a hacerlo gratuito, si había algún cobro administrativo, los países eran libres de hacerlos, no estaban restringidos», aseguró el economista hondureño al periodista Marcos Medina, de Canal 12 de televisión.

La investigación concluye que la posición oficial del gobierno «es ocultar el verdadero impacto de la pandemia en Nicaragua» y esto se refleja en que actualmente ha registrado que no existen muertos por COVID-19.