Ortega niega el ingreso de médicos para atender al preso político Edgard Parrales

El régimen de Daniel Ortega continúa negándole atención médica al exdiplomático Edgard Parrales, de 79 años, quien cuenta con el beneficio de «arresto domiciliar». Denuncian que las autoridades judiciales no permiten la entrada de médicos a la vivienda del opositor, a pesar de las reiteradas peticiones de su familia.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló que la medida cautelar de «arresto domiciliar no es garantía de salud y vida» para el opositor; debido a que desde el 24 de febrero, que Parrales fue enviado a su casa por órdenes de la dictadura, no ha recibido atención médica especializada para tratar sus afectaciones de salud.

«Los jueces no autorizan la entrada de sus médicos para que le den el tratamiento adecuado y realicen los exámenes que garanticen su vida», denunció el organismo en su cuenta de Twitter.

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Subrayan que el reo político «está corriendo peligro» y necesita con «urgencia» ser valorado por un médico. El Cenidh le demanda a Ortega que autorice el ingreso de personas especializadas para tratar la salud del opositor.

Además, le advierten a la dictadura de Ortega que de no liberar y no permitirle atención médica a Edgard Parrales «será responsable de lo que le pueda pasar» al reo de conciencia.

Han pasado 40 días, desde que el régimen de Nicaragua autorizó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliaria, con custodia policial para el preso político.

Parrales es el reo político con mayor edad. Pasó 94 días encarcelado en el Complejo Judicial Evaristo Vásquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote» bajo tratos inhumanos, mala alimentación y torturas. El exembajador de Nicaragua fue detenido el 22 de noviembre de 2021 en las afueras de su vivienda, por civiles que se movilizaban en un vehículo Corolla azul oscuro, placa de Managua M 240-706.

La Fiscalía lo acusa de «propagar noticias falsas» y de «atentar contra el Estado de Nicaragua»; Parrales está siendo procesado bajo la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055, Ley de Soberanía. La justicia de Ortega aún no emite fallo de culpabilidad.

Las presuntas pruebas contra el opositor, según la acusación de la Fiscalía, a la que tuvo acceso Artículo 66, son una serie de entrevistas a medios de comunicación independientes que brindó el reo de conciencia, entre 2019 y 2021.

Tras el fallecimiento del general en retiro Hugo Torres, la dictadura envió a su casa a Edgard Parrales, al exdiplomático Mauricio Díaz, al excanciller Francisco Aguirre Sacasa; el aspirante presidencial Arturo Cruz; y el opositor José Pallais.  

Los cinco rehenes de Ortega permanecen bajo una fuerte vigilancia policial en sus viviendas; mientras tanto la dictadura aún tiene a más de 170 reos políticos bajo prisión preventiva y en condiciones inhumanas.