El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en conmemoración al Día Nacional del Periodista, emitió un comunicado condenando la situación de los hombres y mujeres de prensa independientes de Nicaragua, que siguen siendo blanco de ataques «sistemáticos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y prensa».
«Desde abril de 2018 a la fecha el régimen Ortega Murillo ha perpetrado detenciones, persecución, hostigamientos, amenazas, censura, quema o expropiación de medios de comunicación, desplazamientos forzados dentro y fuera del país, entre otras graves violaciones contra las personas de prensa», denuncia el documento de la organización defensora de derechos.
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Destacan que la represión aumentó más en mayo de 2021 al perseguir a extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y expandir sus investigaciones y detenciones contra otras personas periodistas. Seguido de esto el régimen emprendió una cacería en el marco de las elecciones generales en el país donde resultaron apresados los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza. La organización denuncia que han sido «acusados falsamente en procesos arbitrarios e inconstitucionales donde no se respeta ningún derecho ni garantía».
«El régimen no ha logrado silenciar al pueblo que sigue resistiendo, ni al periodismo independiente que desplazado y sufriendo todo tipo de pérdidas que significa el exilio, sigue informando al país, acompañando a las víctimas que buscan verdad, justicia y libertad», manifiestan los defensores de derechos humanos que han acompañado a las víctimas de la represión en Nicaragua.
Una gran cantidad de profesionales en la comunicación se han visto obligados a abandonar su país en busca de proteger su integridad física debido a constantes amenazas que se traducen en acciones de parte de la dictadura. El Colectivo en su informe titulado «Persecución y criminalización del periodismo en Nicaragua» identificó una amplia variedad de mecanismos represivos usados por la dictadura para lograr su objetivo: criminalización y judicialización; ataques a la integridad física y psicológica; daño patrimonial a medios y periodistas; persecución fiscal y aduanera.
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«Si hay algo que celebrar es el ejercicio de la profesión en circunstancias extraordinarias bajo el ataque cotidiano por parte de un Estado que no tolera el cuestionamiento, las preguntas que incomodan al poder, lo cual se traduce en una persecución feroz con un combo de leyes que pretenden intimidar para callar», afirma el organismo.
El comunicado concluye recordando el asesinato al periodista Ángel Gahona, suceso registrado el 21 de abril de 2018; y a Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas asesinado hace 44 años, ambos periodistas privados de la vida en la búsqueda de quienes ostentan el poder por callar a los hombres y mujeres de prensa.