Más poder para Ortega y veto opositor: las seis claves de la reforma explicadas por Gustavo Porras
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, avanza por vía rápida con el proceso de reforma constitucional impulsado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, una iniciativa que plantea cambios profundos en la estructura ya erosionada del Estado nicaragüense.
Gustavo Porras, presidente del Parlamento y dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), confirmó en una entrevista con TeleSUR nuevos detalles de la iniciativa que ampliaría el control del Ejecutivo sobre las instituciones del país.
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En seis puntos medulares, Porras terminó confirmando que la reforma anunciada por Daniel Ortega el pasado 19 de julio busca establecer un modelo de partido único y perpetuar a la pareja presidencial en el poder bajo la fachada de comicios controlados.
¿Qué dijo Gustavo Porras sobre la reforma constitucional?
1. «¡No podrán!»: La ilegalización de la oposición
Durante la entrevista al medio propagandístico, Porras confirmó que la reforma elevará a rango constitucional el veto político contra cualquier ciudadano catalogado por el régimen como «golpista» o «traidor a la patria».
Bajo este concepto, quienes hayan participado en protestas, denunciado violaciones a los derechos humanos o hayan sido despojados previamente de su nacionalidad quedan formalmente invalidados para optar a cargos de elección popular.
«La Reforma lleva cambios constitucionales que garainticen que todos aquellos que han sido golpistas, o que son golpistas, que todos aquellos que son traidores a la patria no podrán, no pueden participar en los Procesos Electorales, no podrán».
2. Mandatos de 7 años: extensión del control en todos los poderes
El periodo de gestión presidencial, así como el de todos los cargos de elección popular y autoridades designadas por el Parlamento, se ampliará de cinco a siete años renovables.
Según la versión oficial, esta extensión se justifica bajo un criterio de «estabilidad» para ejecutar proyectos, aunque en la práctica extiende la permanencia de la copresidencia sin ningún tipo de contrapesos.
«La propuesta que está trabajándose y que estamos consultando al pueblo, es que, en Nicaragua, estabilidad significa tener periodos electorales de 7 años. Siete años consideramos que es algo bastante objetivo, ponderado, aceptable», aseguró.
3. Cúpula militar y policial premiada
La homologación del mandato a siete años no se limita a la esfera civil. Porras reveló que la extensión del periodo aplicará de igual forma al Mando del Ejército y de la Policía Nacional, amarrando formalmente a la cúpula de las fuerzas de seguridad al destino político del régimen por el mismo plazo institucional.
«Si es 7 años para todos los cargos de elección popular y las designaciones de la presidencia, también son 7 años para el comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua y para los jefes de las fuerzas policiales».
En Nicaragua, la Policía Nacional es dirigida por el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Rosario Murillo, quien ha jurado lealtad a la pareja presidencial y al «trabajo ideológico» del FSLN, partido desde 2007.
Mientras el Ejército de Nicaragua es dirigido desde 2010, y por tercer mandato consecutivo de cinco años, por el general de ejército Julio César Avilés Castillo, de 68 años, un destacado exguerrillero sandinista.
4. Súper poderes al Consejo Supremo Electoral (CSE)
La reforma también dota de facultades punitivas absolutas al Consejo Supremo Electoral. El organismo controlado por el FSLN administrará los votos y tendrá la potestad explícita de cancelar la personalidad jurídica de cualquier organización o candidato que incomode al régimen o reciba financiamiento internacional.
«En la Reforma Electoral le estamos dando toda la potestad al Consejo Supremo Electoral […] que tenga la potestad de quitar la personalidad jurídica a cualquier partido que recibe financiamiento extranjero, cualquier partido que llame a fuerzas o personas o candidatos que llamen a la intervención extranjera».
5. Porras dice que habrá elecciones, pero sin «golpistas»
«Salió una alharaca de que si se decía que no iban a haber elecciones… ¡Claro que van a haber Elecciones! como siempre ha habido y con acompañamiento electoral», dijo.
El presidente del Parlamento no detalló cómo se definiría quiénes quedarían excluidos, pero sus declaraciones mantienen la línea del oficialismo de señalar a opositores como responsables de la crisis de 2018.
«No podrán participar los golpistas, los traidores a la Patria, los que atenten contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, y los que violenten la Constitución», afirmó Gustavo Porras en TeleSUR al referirse al futuro electoral de Nicaragua.
6. Una «consulta» exprés de un mes para validar los cambios
Pese a las alertas internacionales que denuncian el fin definitivo de la democracia en Nicaragua, el régimen busca matizar el proceso con una consulta ciudadana de 30 días, un trámite que busca simular participación popular antes de aprobar la reforma.
«Esta Reforma tiene seis conceptos, y el pueblo nicaragüense va, poco a poco, en estos Procesos de Consultas que estamos haciendo y que vamos a pasar un mes consultando con todo el pueblo.», argumentó.
Tras concluir la consulta de 30 días, la iniciativa pasará directamente al pleno parlamentario, donde la bancada oficialista cuenta con la mayoría calificada necesaria para ratificarla.
Con la aprobación de este texto, el FSLN consolidará el blindaje de la dinastía Ortega-Murillo hasta al menos 2036 y dejará formalmente clausurada cualquier vía de retorno a la democracia institucional en Nicaragua.
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