Ortega copia leyes de Venezuela para impedir participación opositora en elecciones

En el encuentro que el régimen sostuvo este lunes 27 de julio, con los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, el cocanciller Valdrack Jaentschke delineó en su participación cuáles son los objetivos de la reforma constitucional que buscan Daniel Ortega y Rosario Murillo para perpetuarse en el poder.

Aunque habló de «elecciones libres, democráticas y transparentes» en su discurso, la realidad es que el reclamo hecho por la comunidad internacional forzó a la dictadura a convocar estos encuentros donde hablan de discutir y escuchar propuestas para su reforma, que copia una ley venezolana: La «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela», aprobada por el chavismo en noviembre de 2024, cuatro meses después de haberse robado las elecciones presidenciales que ganó el opositor Edmundo González Urrutia el 28 de julio de ese año.

Aseguró que en esas elecciones no habrá participación a ningún cargo de elección popular ni ser nombrados como funcionarios públicos «quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación, con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado».

La reforma del régimen que busca excluir a cualquier rival

Añadió entre esas restricciones a quienes el régimen considere que «ha atentado contra el orden de la Revolución Nicaragüense, y asimismo, a los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, que inciten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar».

En esa misma línea dijo que impedirán la participación de aquellos que «propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros y sanciones contra el Estado de Nicaragua sus instituciones y sus ciudadanos».

El 28 de noviembre de 2024, el Parlamento venezolano controlado por el chavismo, con el visto bueno posterior de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de ese país, aprobó la llamada Ley Simón Bolívar, en cuyo objeto buscaban la inhabilitación perpetua contra la oposición de la nación suramericana, lo mismo que pretende aprobarse en Nicaragua.

Su artículo 1 es muy similar a las palabras que este 27 de julio expresó Jaentschke: «proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la Nación».

El instrumento de 22 artículos propone una serie de sanciones punitivas hasta el punto de sacar del juego político a los adversarios del chavismo.

Por ejemplo, el artículo 7.4 habla de impedir la participación de aquellos que apoyen «el desconocimiento de los Poderes Públicos legítimamente instaurados en la República Bolivariana de Venezuela, de sus actos o sus autoridades, así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de Poderes Públicos venezolanos, sus autoridades o entidades».

También contra quienes inciten «la promoción, solicitud o respaldo de acciones armadas o de fuerza contra el pueblo venezolano que afecten la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones o autoridades, así como ataques cibernéticos por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras».

Esto último muy en sintonía con la denuncia de un supuesto ataque que hubo contra la plataforma del CNE el 28 de julio de 2024, que el régimen usó como excusa para no dar a conocer acta por acta los resultado de las presidenciales y proclamar posteriormente al dictador Nicolás Maduro.

De qué va la Ley Simón Bolívar en Venezuela

La ONG venezolana Acceso a la Justicia, al analizar la ley, explicó que objetivo era único: que el chavismo disponga «de medios ágiles y efectivos para el establecimiento de responsabilidades penales». Y añadieron que «la norma no busca establecer responsabilidades administrativas, sino penales. Las sanciones que declara como administrativas son tan graves y punitivas que adquieren naturaleza penal».

Esta ley también promueve la censura contra medios de comunicación independientes venezolanos, bloqueados en su mayoría desde el año 2018: «Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela», dice el texto.

En esa sintonía, el cocanciller de la dictadura insistió ante el cuerpo diplomático que pondrían «un muro constitucional para que alguien no pueda ser candidato de algún cargo en Nicaragua, levantando la bandera de que nos intervengan militarmente. Eso no puede ser, eso es inaceptable», dijo a los pocos embajadores que acudieron.

El pasado 19 de julio al celebrar el 47 aniversario del inicio de la revolución sandinista, Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua «no va a haber más elecciones», unas declaraciones que concitaron el rechazo de una decena de gobiernos, en su mayoría de América Latina: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, Bolivia, República Dominicana, Perú, Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

Lo mismo hicieron la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.

Discuten ampliar mandato presidencial

Pero Jaentschke también usó la palabra «vende patrias», la misma que las autocracias del continente emplean para referirse a quienes los critican como otro veto a usar en el barómetro sandinista para impedir comicios libres.

Incluso alcanzó a develar que estudiarán si ampliar el actual periodo constitucional de 6 años de mandato. «Nosotros pensamos que hay que establecer un tiempo que nos permita estabilidad, seguridad y paz… Hay países que tienen 10 años, hay bastantes países que tienen siete». Mencionó periodos de 5 y4 años, pero enfatizó que «vamos a discutir que lo es que le conviene a Nicaragua. Esto es una discusión de los nicaragüenses para ver que es lo que le conviene».

Ya en 2025 ampliaron el mandato presidencial de 5 a 6 años y ahora, justifican en el combate a la pobreza, una propuesta porque ese lapso sea mayor. Ningún país tiene un mandato presidencial de 10 años en el mundo; los que tienen siete son naciones como Ruanda, Gabón o República Democrática del Congo, naciones africanas que no son un ejemplo de democracia; mientras que los que abarcan seis años están Venezuela, donde hay reelección indefinida; México con un único mandato y Rusia, gobernada por el régimen de Vladimir Putin.

El régimen aseguró que al encuentro de este 27 de julio asistieron representantes de República Popular China, Venezuela, Irán, Argelia, Francia, México, Türkiye, Alemania, Argentina, Chile, Libia, Saharaui, El Salvador, Honduras, España, Myanmar, Brasil, Japón, Cuba, Rusia, Abjasia, Palestina, Unión Europea, Italia, Corea y organismos internacionales; entre estos BID, CIAT, OIRSA, OPS, CATIE, ONUDI, UNICEF, UNFPA, PMA y COCATRAM.

Llama la atención que hablen de Italia, país con el que rompieron relaciones diplomáticas hace poco o España, del que en enero pasado expulsaron a su embajador.