Entregar la DGI y la DGA a la Procuraduría expone a los ciudadanos y empresarios a un mayor control policial del régimen

La decisión del régimen de entregar el control de la recaudación de impuestos a la Procuraduría General de Justicia es un «grave mensaje para el sector privado» que quedará expuesto a un mayor control por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), advirtió el dirigente político Félix Maradiaga.

Consultado por Artículo 66 sobre esta decisión, aseguró que «es una absoluta deformación jurídica, que no tiene ninguna base», pero representaba una concentración de poder por parte de la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega.

«El concepto central es muy claro: Ortega y Murillo están convirtiendo la información fiscal y aduanera de los ciudadanos en inteligencia política del régimen».

Maradiaga dijo que ahora la Procuraduría, al mando de Wendy Morales, tendrá acceso directo «y potencialmente inmediato» a algunos de los datos más sensibles de cualquier persona o empresa. Detalló que entre ellos están ingresos, propiedades, cuentas, importaciones, exportaciones, socios comerciales, deudas y movimientos patrimoniales. «En un Estado policial, esa información no se utiliza únicamente para recaudar, sino para vigilar, intimidar, castigar y extorsionar», advirtió.

Mientras que Héctor Mairena,  integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y dirigente del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), agregó que la concentración de poder es una de las características que ha definido a la dictadura desde el año pasado tras la reforma constitucional.

«Esta concentración de poder, pasando por encima de la institucionalidad refleja la tremenda desconfianza que tiene la Murillo en sus propios funcionarios… Wendy Morales es una peón de Murillo, Murillo no confía en nadie más dentro de su propio personal. Solo confía en Fidel Moreno, en Wendy y el presidente del Banco Central de Nicaragua (Ovidio Reyes)», dijo el dirigente.

Te contamos: Wendy Morales con más control institucional: Procuraduría asume el mando de la DGI y de Aduanas

Cambios en la DGI y DGA llegaron con despidos

Aunque todavía no se oficializa esta medida, medios como Confidencial y La Prensa tuvieron acceso a funcionarios de estas dependencias que les confirmaron la medida, que vino acompañada de despidos, renuncias obligadas y la destitución de Francisco José Baltodano Díaz, quien estaba al frente de la dirección de Fiscalización de la DGI.

Maradiaga insistió en que el ciudadano con estos cambios, sin base legal, queda desprotegido y expuesto a más controles.

«Desaparecen las barreras entre quien fiscaliza, quien acusa, quien defiende jurídicamente al Estado y quien puede promover medidas sobre sus bienes. El contribuyente ya no enfrenta a una administración tributaria con criterios técnicos, sino a una estructura política que puede utilizar una auditoría, un reparo fiscal, la retención de una mercancía o el bloqueo de una operación comercial como instrumentos de presión».

Todo el poder concentrado en la Procuraduría

Desde la reforma constitucional de 2025, la Procuraduría dejó de solo representar al Estado para convertirse en la Fiscalía o Ministerio Público, organismo que subordinaron a su administración; en febrero de este año le otorgaron la administración de los bienes municipales, lo que incluye el nombramiento o destitución del personal técnico de las alcaldías del país, mientras que en marzo adscribieron a su control la Dirección General de Minas que hasta entonces estaba en manos del Ministerio de Energía y Minas.

Estas atribuciones convierten a Morales en una poderosa funcionaria que puede acusar, investigar hechos de corrupción, crimen organizado, pero ahora también tiene la batuta de la recaudación tributaria y aduanera del país, así como la entrega de las concesiones mineras.

Una alerta para el sector privado y el orteguismo

«Para el sector privado, el mensaje es igualmente grave: los impuestos y las aduanas dejan de ser instituciones públicas y se convierten en armas de obediencia política. Una empresa puede ser premiada por su silencio o castigada por su independencia. Eso destruye la seguridad jurídica, incrementa el riesgo político y obliga a empresarios y ciudadanos a tomar decisiones económicas en función de su relación con el poder, no de la ley», alertó Maradiaga sobre los riesgos que enfrentan desde ahora todos en Nicaragua.

Mairena añadió que darle todo ese poder a Morales también es el reflejo de la desconfianza de Rosario Murillo hacia los funcionarios de alto rango, pero también que no tienen con quién reemplazar al resto de quienes purga en su intento de controlar todo.

«Murillo no tiene como reponer las propias bajas que ella causa, despide a fulano pero como no tiene con quién reemplazarlo lo delega en Wendy Morales. Eso es significativo porque refleja un agotamiento del propio personal dentro del orteguismo».