Régimen de Ortega traspasa cuatro propiedades estatales al quebrado INSS

Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron este martes, 21 de abril, el traspaso de cuatro propiedades pertenecientes al Estado a favor del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La medida se oficializó mediante la publicación de los acuerdos presidenciales número 53, 54 y 55 del año 2026 en La Gaceta, Diario Oficial.

Estos mandatos autorizan a la Procuradora General de Justicia y al presidente del INSS para suscribir las escrituras públicas de donación, bajo el argumento oficial de que los traspasos buscan «fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura».

La ubicación y los datos registrales de los bienes se distribuyen en tres departamentos del país, utilizando el mecanismo del Número Absoluto de Propiedad (NAP) para identificar cada inmueble.

¿Dónde están ubicadas las propiedades?

En el departamento de Managua, el acuerdo 53-2026 oficializa la entrega de una propiedad inscrita con el NAP: BI-2L2ZW56D. Por su parte, el acuerdo 54-2026 detalla la donación de un inmueble en Matagalpa bajo el NAP: BI-2L0CD3MM, mientras que el acuerdo 55-2026 ampara el traspaso de dos propiedades adicionales en el departamento de León, registradas con los números NAP: BI-9AH8TVB y NAP: BI-2L2ZW3VN.

Esta nueva transferencia de activos ocurre mientras el INSS se mantiene como el principal receptor de bienes confiscados por la dictadura.

Desde el año 2024, la administración de Ortega ha transferido más de un centenar de inmuebles al Seguro Social, muchos de los cuales provienen del despojo ejecutado contra voces críticas, organismos civiles e instituciones religiosas y las desnacionalizaciones tras las protestas de 2018.

El uso recurrente del NAP en las inscripciones registrales refuerza el secretismo oficial, dificultando la verificación del origen real de estas propiedades y si se trata de bienes previamente estatales o activos apropiados ilegalmente.

Las «donaciones» se ejecutan en medio de una quiebra técnica de la institución, la cual arrastra un déficit sostenido debido al despilfarro y la corrupción de los fondos público, debido a que el régimen extrajo millones de dólares del Seguro Social para beneficiar a empresarios ligados al anillo económico sandinista.

Actualmente, la crisis se agrava por el estancamiento de la inversión y la incapacidad de la entidad para captar nuevos cotizantes, lo que convierte el traspaso de estos inmuebles en una medida paliativa que no resuelve la falta de liquidez ni el deterioro institucional.