Organismos internacionales envían carta a Ortega para exigir libertad de guardabosques mayangnas
Las principales redes internacionales de derechos humanos y lucha contra la tortura elevaron la presión contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este 2 de abril de 2026, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos —programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)— publicó una carta abierta que le dirigen expresamente a los codictadores y a algunas instituciones gubernamentales en la que exige la liberación inmediata de cuatro autoridades indígenas mayangnas condenadas a cadena perpetua.
La carta, respaldada por más de 20 organizaciones de América Latina y Europa, expresa «nuestra profunda preocupación por la detención arbitraria, la condena injusta y las graves violaciones a los derechos humanos» de Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías.
El documento sostiene que los cuatro indígenas cumplen un rol clave como autoridades comunitarias y guardianes forestales del territorio Mayangna Sauni As, en Bosawás, y subraya que «su labor […] constituye una expresión legítima del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, al control de sus tierras y a la defensa del medio ambiente».
Denuncian criminalización tras masacre y proceso sin garantías
Las organizaciones cuestionan la versión oficial sobre la masacre de Kiwakumbaih, ocurrida el 23 de agosto de 2021. Según la carta, «las personas sobrevivientes señalaron reiteradamente que los atacantes eran hombres no indígenas», armados y con vestimenta militar.
Sin embargo, denuncian que «la Policía Nacional acusó arbitrariamente a miembros del propio pueblo Mayangna», en lugar de investigar a los verdaderos responsables.
La carta también detalla graves irregularidades desde el inicio del caso. Las organizaciones denuncian que «las detenciones se realizaron sin orden judicial, sin informarles los motivos de su arresto y sin garantizarles acceso inmediato a defensa técnica ni a interpretación».
Además, advierten que los cuatro indígenas sufrieron desaparición forzada durante meses, mientras sus familias intentaban conocer su paradero.
Sobre el juicio, el documento es contundente: «el proceso judicial […] estuvo marcado por graves irregularidades», se realizó a puerta cerrada y «no se presentaron pruebas materiales que los vincularan con los delitos imputados».
«Procedan a la liberación inmediata e incondicional»
Las organizaciones elevan un reclamo directo al régimen de Ortega y Murillo. En la carta exigen que el Estado «proceda a la liberación inmediata e incondicional» de los cuatro indígenas, en cumplimiento de las resoluciones internacionales vigentes.
También reclaman que «garanticen de manera inmediata el derecho al debido proceso» en el recurso de casación que aún no resuelve la Corte Suprema de Justicia.
El documento recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares en 2023, que la Corte Interamericana ordenó su liberación y que el Grupo de Trabajo de la ONU concluyó que su detención es arbitraria. Pese a ello, denuncian que «hasta la fecha, estas decisiones no han sido cumplidas».
Denuncian tortura, aislamiento y trato discriminatorio
La carta describe condiciones de reclusión que agravan la situación de los indígenas mayangnas. Las organizaciones denuncian que permanecen «en condiciones inhumanas, sometidos a aislamiento prolongado, incomunicación, tratos crueles, amenazas y agresiones físicas y sexuales».
Además, señalan que enfrentan discriminación por su identidad indígena. El documento afirma que el caso refleja «un enfoque discriminatorio que reproduce patrones de exclusión y racismo institucional contra los pueblos indígenas».
También advierten que el sistema penitenciario restringe las visitas familiares, limita el acceso a alimentos y medicinas y castiga el uso del idioma mayangna.
Persecución contra defensores indígenas
En la carta estas organizaciones recuerdan que «la criminalización de autoridades indígenas que defienden sus territorios constituye una violación» de derechos fundamentales.
El pronunciamiento también advierte que el Estado debe «garantizar que las autoridades y líderes indígenas puedan ejercer legítimamente sus funciones […] sin temor a represalias, criminalización o detención arbitraria».
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