Exigen separar de sus cargos a funcionarios implicados en la represión en Nicaragua
La agrupación política Unión Democrática Renovadora (Unamos) demandó la separación inmediata de funcionarios civiles, policiales y militares señalados por organismos internacionales por su presunta responsabilidad en graves violaciones contra la vida y los derechos de los nicaragüenses.
En un pronunciamiento divulgado en su cuenta de X, el movimiento sostuvo que «demandamos la separación inmediata de sus cargos de funcionarios civiles, policiales y militares responsables de graves delitos contra la vida de los nicaragüenses, señalados por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», y subrayó que esa medida debe adoptarse «sin perjuicio de la demanda por sus responsabilidades penales».
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La organización afirmó que el señalamiento de estos funcionarios se basa en las investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas, que ha documentado patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos desde abril de 2018, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y persecución política.
Valdrack Jaentschke y Fidel Moreno, al frente de la represión
El informe del GHREN concluye que agentes estatales y actores vinculados al Estado ejecutaron esas violaciones de forma «sistemática y generalizada» contra personas consideradas opositoras o percibidas como tales, en el marco de una política de represión destinada a consolidar el control político del Gobierno.
Los expertos también identificaron la existencia de estructuras estatales que coordinan la represión tanto dentro del país como fuera de sus fronteras. Según el informe, la estrategia ha evolucionado desde la represión violenta de las protestas de 2018 hacia mecanismos más sofisticados de persecución, vigilancia y castigo contra críticos del Gobierno, incluyendo nicaragüenses en el exilio.
De esa represión transnacional fue identificado como el cabecilla el ahora cocanciller Valdrack Jaentschke.
El diplomático, a través de sus representaciones diplomáticas en Centroamérica, captó colaboradores para «monitorear la diáspora, mapear redes de oposición, como parte de un dispositivo de inteligencia política en el exterior, a su vez dedicado a actos de represión transnacional» , alerta el GHREN.
Los expertos señalaron además que el aparato estatal desarrolló redes de vigilancia e inteligencia que operan tanto dentro como fuera de Nicaragua, con participación de instituciones como la policía, el ejército y estructuras partidarias, con el objetivo de identificar, vigilar y hostigar a opositores y exiliados.
Asimismo, determinaron que la pareja en el poder ha forjado una estructura paralela encargada de «canalizar el financiamiento para operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias». Opera desde el 2018 y la encabeza el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, ficha de Murillo.
De acuerdo con el documento, estas acciones responden a una política estatal dirigida a garantizar el control absoluto del poder por parte de los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, mediante la neutralización de la disidencia política y el cierre de los espacios cívicos en el país.
El GHREN también documentó que la represión ha incluido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución contra opositores, periodistas, activistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos, además de represalias contra familiares de personas críticas del Gobierno.
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