Ortega y Murillo pretenden «sandinizar» universidades al cambiarle nombres
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso el cambio de nombre a seis universidades públicas del país, que a partir de ahora serán identificadas con militantes y figuras históricas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La decisión, comunicada Rosario Murillo, se inscribe en una política de control político e ideológico de las instituciones académicas y ha sido adoptada sin procesos de consulta con las comunidades universitarias.
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Para la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), Elvira Cuadra, este movimiento representa un paso más en la estrategia de dominación del régimen.
«Es un acto simbólico que están haciendo para avanzar en el adoctrinamiento político y la subordinación de los centros de educación, particularmente las universidades, en función de controlar al estudiantado y también a los docentes», explicó la experta.
Rechazo de la comunidad universitaria
Cuadra advirtió que, a pesar de la oficialidad de los nombres, la medida carece de legitimidad entre la población y la comunidad estudiantil. Según el análisis del Cetcam, la ciudadanía no ve con buenos ojos estas imposiciones, especialmente cuando se trata de nombres de figuras con las que los jóvenes actuales no sienten ningún vínculo histórico ni emocional.
«Si ya hay descontentos por la confiscación de los centros y la toma de control por parte de gente del régimen, entonces mucho menos con poner nombres de personas que no necesariamente gozan del reconocimiento de la ciudadanía», señaló.
La académica enfatizó que la memoria colectiva de los nicaragüenses suele resistir este tipo de imposiciones verticales.
«En el imaginario, en la memoria colectiva de la gente, el nombre oficial no sustituye el nombre con el que la gente reconoce a los sitios. Por ejemplo, la UCA (Universidad Centroamericana) seguro va a seguir siendo la UCA y la Upoli (Universidad Politécnica) va a seguir siendo la Upoli, aunque el gobierno diga que su nombre oficial es otro», sentenció.
Para Cuadra, el intento por «sandinizar» la infraestructura universitaria difícilmente logrará «calar en la cultura de la gente», quedando limitado a una formalidad administrativa de un sistema educativo cada vez más alejado de la academia y más cercano a la propaganda.
No es una medida aislada
Desde 2018, las instituciones de educación superior en el país han sido sometidas a un férreo control político que incluye la imposición de símbolos partidarios, discursos oficiales y el desmantelamiento de la autonomía universitaria.
La estrategia del régimen ha pasado por la confiscación de centros privados y la subordinación absoluta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) a las directrices del régimen, obligando incluso a los estudiantes a gestionar becas ante la Procuraduría General de la República bajo criterios de lealtad política.
Cuadra recordó que desde ese año hasta la actualidad han sido confiscadas 37 instituciones de educación superior. La mayoría de ellas han sido rebautizadas con nuevos nombres.
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