Familia de colombiano muerto en bombazo a «narcolancha» denuncia a Estados Unidos ante la CIDH
La familia del colombiano Alejandro Andrés Carranza Medina presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Estados Unidos por la muerte del pescador durante un bombardeo ejecutado por fuerzas militares estadounidenses el 15 de septiembre de 2025 en el mar Caribe.
La petición se convierte en el primer caso internacional formal contra la estrategia militar de Washington de atacar embarcaciones que clasifica como “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico oriental, una política que la Casa Blanca justifica como parte de su supuesta “guerra contra los carteles del narcotráfico”.
El abogado estadounidense de derechos humanos Dan Kovalik presentó la denuncia en nombre de la esposa de la víctima, Katerine Hernández Bernal, quien sostiene que Carranza murió mientras realizaba labores de pesca artesanal frente a la costa de Colombia.
El ataque en el que murió Carranza
En el documento presentado ante la CIDH, la familia relata que fuerzas estadounidenses atacaron directamente la embarcación en la que navegaba Carranza. «El 15 de septiembre de 2025, el ejército de Estados Unidos bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina que el señor Carranza navegaba en el Caribe, frente a la costa de Colombia. El señor Carranza murió durante ese bombardeo», según el escrito divulgado por The Guardian.
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La familia asegura que Carranza se dedicaba a la pesca de marlines y atunes y que ese día salió como de costumbre a faenar, pero nunca regresó. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó públicamente esa versión y reiteró que Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico.
Tras el ataque, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el operativo a través de su red Truth Social. «Esta mañana, por mis Órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del SOUTHCOM».
El mandatario acompañó el mensaje con un video en el que se observa el impacto contra una pequeña embarcación.
Acusación directa de ejecución extrajudicial
La denuncia ante la CIDH sostiene que Estados Unidos incurrió en un asesinato extrajudicial y violó múltiples garantías fundamentales. «Al llevar a cabo este asesinato extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre», según citó el diario español El País.
La familia acusa a Washington de violentar los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al juicio justo y al debido proceso legal.
En la petición, los denunciantes también señalan como responsable directo al secretario de Defensa Pete Hegseth. «Por numerosos reportes de prensa, sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como la de Alejandro Carranza Medina y del asesinato de todos los que iban a bordo».
La denuncia agrega que Hegseth emitió esas órdenes sin conocer la identidad de los ocupantes de las embarcaciones y que el presidente Trump respaldó públicamente esas acciones militares.
«Muchacho de bien»
En entrevista con la AFP en octubre, la viuda Katerine Hernández aseguró que Carranza era un «muchacho de bien». El pescador dejó cuatro hijos y, según la denuncia, su familia ahora recibe amenazas de paramilitares en la zona.
«No tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar», dijo. Pide justicia después que le «arrebataron» la vida a su pareja.
El presidente Gustavo Petro prometió su apoyo a la familia y se refiere a estas muertes como «ejecuciones extrajudiciales».
Una política bajo creciente escrutinio internacional
Según reportes oficiales citados por la propia familia y organismos internacionales, el ataque del 15 de septiembre fue el segundo operativo de ese tipo ejecutado por Estados Unidos en el Caribe. Días antes, el 2 de septiembre, otro bombardeo contra una presunta narcolancha también generó fuertes cuestionamientos internacionales.
Posteriormente, medios estadounidenses revelaron que en ese primer ataque se ordenó no dejar sobrevivientes, lo que llevó a un segundo bombardeo para rematar a dos personas que aún permanecían con vida aferradas a restos de la embarcación. Hegseth negó haber presenciado ese segundo ataque.
Expertos en derecho internacional, así como congresistas estadounidenses y organizaciones de derechos humanos, han incrementado las críticas contra esta práctica militar por considerarla contraria al derecho humanitario y a los estándares internacionales de uso de la fuerza.
Desde septiembre, Estados Unidos ha reconocido decenas de ataques contra más de 20 narcolanchas en la región, con un saldo de unas 80 personas muertas, aunque Washington sostiene que todos los objetivos pertenecían a estructuras del narcotráfico.
Lo que pide la familia ante la CIDH
El abogado Dan Kovalik explicó a The Guardian que la familia busca no solo una reparación económica, sino también frenar estos operativos militares. «Creemos que esta es una forma viable de impugnar el asesinato de Alejandro. Vamos a buscar reparación para la familia. Queremos que se ordene a EEUU que deje de llevar a cabo estos ataques contra embarcaciones. Puede ser un primer paso, pero creemos que es un buen primer paso», declaró.
La CIDH, órgano autónomo de la OEA con sede en Washington, deberá ahora evaluar si admite la denuncia. Aunque Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana, un eventual pronunciamiento de la Comisión tendría alto peso político y jurídico internacional.
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