AUN pide a EE. UU. cortar financiamiento al régimen de Nicaragua y aplicar sanciones a cúpula militar
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) entregó al Departamento del Tesoro y a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos su respuesta formal sobre la investigación 301, que revisa las violaciones a derechos humanos, laborales y de libre competencia atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por las que está en la cuerda floja el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua.
La organización aseguró, a través de un comunicado, que respalda plenamente las conclusiones preliminares de Washington, al señalar que el gobierno estadounidense describe las acciones del régimen como «injustificables y perjudiciales para el comercio, el Estado de derecho y las libertades fundamentales».
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En su documento, AUN propone suspender cualquier nuevo préstamo o desembolso a Nicaragua mientras no existan avances verificables. Consideran indispensable que toda asistencia esté condicionada a medidas mínimas como «la liberación incondicional de todos los presos políticos» y el restablecimiento de libertades básicas, incluida la libertad de prensa, asociación, movilización y el retorno seguro del exilio.
Sanciones para el alto mando militar
La organización también destacó el papel del Ejército de Nicaragua, al que define como «pilar central de la represión estatal y de las redes económicas ilícitas que sostienen al régimen».
Por eso, pidió sanciones específicas para mandos militares «de todos los niveles», así como para empresas bajo control de la institución castrense.
Además, insisten en reforzar la aplicación de la Ley NICA Act y la Ley Renacer para garantizar que ambas respondan con coherencia a los objetivos de presión democrática.
«Hacemos un llamado a respaldar mecanismos de monitoreo y asistencia humanitaria que permitan atender a las víctimas de la represión y mitigar la crisis humanitaria y migratoria que continúa afectando a miles de nicaragüenses», dijo en el documento.
La organización reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses y la comunidad internacional.
El pasado mes de octubre, el gobierno de EE.UU. dijo que evaluaba imponer una subida del 100% de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del acuerdo de libre comercio CAFTA tras determinar que el país mantiene políticas «irrazonables» de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
Entre las medidas propuestas contra el régimen orteguista se incluyen «aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre algunos o todos los productos nicaragüenses» de forma «inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses».
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