Así ha sido la relación entreguista del régimen de Ortega-Murillo con China en los últimos cinco años
Desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo restablecieron las relaciones diplomáticas con la República Popular China en diciembre de 2021, Nicaragua ha firmado una serie de acuerdos y proyectos que han consolidado una relación estrecha con el país asiático.
Sin embargo, el rumbo de esta alianza ha estado marcado por una fuerte asimetría comercial, la entrega de concesiones bajo el velo de la opacidad y el creciente control chino sobre sectores que se consideran estratégicos para el país.
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Artículo 66 te hace un resumen de los hitos más importantes de la relación de Nicaragua con Pekín:
2021: Restablecimiento de relaciones
El 9 de diciembre de 2021, el régimen de Ortega rompió relaciones con Taiwán y anunció el restablecimiento de vínculos con Pekín. Días después, el 31 de diciembre, China reabrió oficialmente su embajada en Managua, sellando el retorno diplomático entre ambas naciones.
El restablecimiento incluyó la firma de acuerdos de cooperación económica y social, con la promesa de impulsar inversiones, infraestructura y comercio bilateral.
2022: El acuerdo de «cosecha temprana»
En julio de 2022, ambos gobiernos firmaron el llamado acuerdo de «cosecha temprana», considerado el primer paso hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC).
Ese año, el intercambio comercial alcanzó los 760 millones de dólares, según datos oficiales. China se posicionó como el segundo socio comercial de Nicaragua, mientras el país centroamericano ya consideraba integrarse formalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Xi Jinping.
2023: Firma del TLC y «asociación estratégica»
El 31 de agosto de 2023, Managua y Pekín firmaron el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el 1 de enero de 2024. En diciembre de ese mismo año, ambos países elevaron sus relaciones al nivel de «asociación estratégica».
El acuerdo comercial otorgó acceso inmediato con arancel cero al 60 % de los productos nicaragüenses, entre ellos, carne bovina, azúcar, mariscos, miel, arneses y textiles y estableció que el 95 % de las líneas arancelarias quedarían libres de impuestos en el futuro.
Sin embargo, expertos advirtieron desde entonces que la balanza comercial sería desfavorable para Nicaragua debido a su limitada capacidad exportadora.
2024: Infraestructura y presencia visible china
Entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, al país ya habían llegado 2.000 autobuses chinos a través de los acuerdos firmados entre ambos países. Sin embargo, el régimen sandinista y sus funcionarios nunca han revelado el precio que se debe pagar por cada unidad a la empresa Yutong, ni la fuente de financiamiento.
Durante ese mismo periodo, se impulsaron proyectos de viviendas financiadas con capital chino en Managua.
En agosto de 2024, el régimen sandinista anunció el inicio de la construcción del aeropuerto internacional Punta Huete, promocionado como el «más grande y moderno de Centroamérica». El proyecto, financiado por China, pretendía convertir a Nicaragua en un centro logístico regional.
No obstante, un año después, una investigación de Artículo 66 reveló que el avance real de la obra se limitaba a la instalación de unos 12 galerones de tipo militar para alojar a trabajadores chinos, sin señales de infraestructura aeroportuaria relevante.
2025: Desequilibrio comercial y expansión china
El intercambio comercial entre los dos países siguió aumentando, pero con una marcada asimetría. De acuerdo al informe Inversiones Chinas en el sector Comercial: Implicaciones para la Competitividad y el Trabajo Decente, en el periodo de enero a mayo de 2025 se evidenció un gran desbalance. Las importaciones que Nicaragua hizo a China ascendieron a 783.1 millones de dólares, lo que representa un significativo 15.7% del total de sus importaciones.
Por el contrario, las exportaciones de productos nicaragüenses hacia China fueron notablemente menores, alcanzando solo 69 millones de dólares, lo que equivale a un escaso 1.9% del total exportado.
El mismo informe señala que desde 2023 se han abierto al menos 400 nuevos comercios de origen chino en todo el país, especializados en productos como maquillaje, utensilios de cocina y artículos para el hogar.
Aunque estas aperturas generaron miles de empleos, el estudio advierte que la mayoría son informales y mal remunerados, sin garantías laborales ni aportes a la seguridad social, lo que contribuye a la precarización del empleo local.
El nombramiento del hijo de Ortega como gestor de inversiones
En febrero de 2025, Daniel Ortega designó a su hijo Laureano Ortega Murillo como responsable de registrar y supervisar la inversión extranjera en el país, mediante una iniciativa de ley enviada a la Asamblea Nacional.
Laureano, quien ya encabezaba las relaciones económicas con China desde el restablecimiento diplomático, pasó así a tener control directo sobre la llegada de capitales extranjeros de origen chino.
El nombramiento consolidó su papel como figura importante en el manejo de los negocios del Estado bajo el régimen Ortega-Murillo.
Concesiones mineras y opacidad
Paralelamente, el régimen ha otorgado amplias concesiones mineras a empresas chinas. Desde 2023, estas compañías operan en total opacidad y sin estudios de impacto ambiental conocidos. Hasta octubre de 2025, se calcula que más de 883 mil hectáreas del territorio nacional han sido entregadas a empresas de capital chino, una extensión equivalente a más del 5 % del país.
Organizaciones ambientales y defensores de derechos territoriales han denunciado la falta de transparencia en estos contratos, especialmente en zonas de la Costa Caribe, donde operan comunidades indígenas y afrodescendientes.
La cereza del pastel: las Zonas Económicas Especiales
El 29 de octubre de 2025, el régimen de Ortega y Murillo presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley para crear las “Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta”.
El proyecto establece un régimen especial de incentivos fiscales, aduaneros y administrativos que incluye exoneraciones totales del Impuesto sobre la Renta, del IVA, impuestos municipales y tasas aduaneras durante al menos diez años, prorrogables indefinidamente.
Estas zonas benefician principalmente a empresas chinas. La propuesta ha sido señalada como el punto más algido de la política entreguista del régimen, ya que institucionaliza un modelo de «paraíso fiscal» dentro del territorio nacional.
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