Demandan investigaciones internacionales coordinadas para desmantelar las redes criminales de la represión transnacional contra nicaragüenses

La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con firmeza frente a la escalada de represión transnacional que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha extendido contra nicaragüenses en el exilio.

En un comunicado difundido este 24 de septiembre, PUDE alertó que la violencia y persecución no se limitan a las fronteras nacionales, sino que ahora alcanzan a opositores que han buscado refugio en otros países.

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Citando el reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), la organización señaló que «las autoridades nicaragüenses han desplegado una estrategia sistemática de represión transnacional, diseñada para silenciar las voces disidentes dondequiera que se encuentren».

Caso Roberto Samcam

Para PUDE, esta alarmante realidad se evidencia en los casos documentados en Costa Rica, con el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam como el más reciente y grave ejemplo. Samcam, un crítico férreo de la dictadura sandinista, fue ejecutado el 19 de junio de 2025 con ocho disparos dentro de su domicilio.

PUDE recordó que las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense llevaron a la captura de cuatro sospechosos involucrados en el crimen y apuntan a Pablo Robles Murillo, nicaragüense con vínculos comprobados con la dirigencia del Ejército de Nicaragua y entrenamiento en inteligencia militar en Cuba y Rusia, como el cerebro detrás del asesinato.

De acuerdo con un expediente judicial filtrado a medios costarricenses como La Nación y CR Hoy, un informante declaró que miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) del Ejército de Nicaragua y de la Dirección de Inteligencia de Cuba (G2) habrían planificado el asesinato mientras operaban en Costa Rica.

Aunque la OIJ arrestó a cuatro sospechosos, el gatillero Luis Carvajal Fernández, de 20 años, y Pablo Robles Murillo permanecen prófugos, «supuestamente refugiados en Nicaragua bajo la protección de los autores intelectuales».

Ante esta grave situación, PUDE exigió una respuesta inmediata y contundente de los gobiernos democráticos para defender y proteger a las personas bajo su jurisdicción.

Piden la imposición de sanciones

La organización solicitó la presentación de estos casos ante la Corte Penal Internacional, la imposición de sanciones Magnitsky contra los responsables directos y la coordinación de investigaciones transnacionales para desmantelar las redes criminales que operan desde Nicaragua y a través de sus embajadas en países con población nicaragüense exiliada.

PUDE hizo un llamado urgente a los miembros del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea) y a otros estados asociados, para que activen sin demora los mecanismos previstos en la Declaración de Kananaskis.

«Instamos a los miembros del G7 a activar sin demora los mecanismos para combatir la Representación Trasnacional conforme la Declaración de Kananaskis, Alberta, Canadá, durante la cumbre celebrada del 15 al 17 de junio de 2025».

«Demandamos justicia, reparación integral y garantías de no repetición para todas las víctimas. La defensa de la democracia y los derechos humanos no puede esperar más», concluye PUDE en su comunicado.