Un hombre pagó para que mataran a su hermana por disputa de bienes en Chontales

El asesinato de Sebastiana Liseth López Martínez, de 56 años, ocurrido la noche del viernes en San Pedro de Lóvago, Chontales, ha sacudido a la comunidad luego de que la Policía sandinista revelara que el crimen lo ordenó su propio hermano en medio de una disputa por propiedades.

Las autoridades informaron la captura de tres hombres cuyos nombres son Arlen Antonio Robleto, de 40 años; Adrián Antonio Valero Castellón, de 21; y Lorenzo Valero Gudiel, de 42. Los detenidos confesaron que recibieron dinero de Rito Emilio Martínez, de 53 años y hermano de la víctima, para asesinarla junto a su familia con el fin de quedarse con sus bienes.

Ataque armado

El crimen se registró en la finca Providencia, en la comarca Llano de los Pedros. De acuerdo con las primeras versiones, tres hombres armados irrumpieron en la vivienda alrededor de las siete de la noche del viernes, 05 de septiembre, y dispararon contra López Martínez y su hijo, Engel Ramón Leiva López, de 22 años.

La mujer murió en el lugar, mientras que su hijo resultó gravemente herido y permanece en el hospital Camilo Ortega Saavedra, en Juigalpa.

Parecía robo, pero cambió a plan familiar

En un primer momento, medios locales informaron que la víctima había sido asesinada durante un intento de robo. Sin embargo, testigos aseguraron que los agresores no sustrajeron ninguna pertenencia y que «solo llegaron a matarla».

Las confesiones de los capturados confirmaron esa versión y apuntaron al hermano de la víctima como autor intelectual, descartando así la hipótesis del robo frustrado.

Conmoción en San Pedro de Lóvago

El caso ha causado indignación en la zona rural de Chontales, donde la víctima era conocida por su trabajo en el campo. La presunta implicación de un hermano como instigador del crimen aumenta la consternación en una región donde los conflictos por tierras suelen ser un motivo de enfrentamientos familiares.

Este crimen, trágicamente, se está volviendo común en Nicaragua. En días recientes, la organización Hagamos Democracia consultó a 400 nicaragüenses en 40 municipios del país y encontró que el 97.2 % de la población percibe un aumento alarmante de la criminalidad durante los tres últimos meses.

Según el estudio que se titula «Percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua», la sensación de inseguridad crece mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concentra sus esfuerzos en reprimir la disidencia y mantener un férreo control social a través de mecanismos de vigilancia que operan con total impunidad.

Los resultados de las encuestas sugieren que más de 9 de cada 10 nicaragüenses viven con miedo en su día a día y cuando ejercen labores cotidianas para cualquier persona o familia.

Rosario Murillo admitió el problema

Durante su acostumbrada alocución del 28 de agosto, la codictadora Rosario Murillo admitió el problema de inseguridad, asegurando que los habitantes de comunidades y comarcas demandaban más presencia policial.

Bajo esta supuesta demanda, justificó la reforma constitucional con la que se impuso una jefatura de la Policía Nacional, que recayó en Victoriano Ruiz, quien ahora dirigirá al órgano de seguridad junto a Francisco Díaz.

«Quieren vivir seguros y tranquilos; por lo tanto, ante esa demanda creciente, se procuró reformar la Constitución para garantizar que hay dos Mandos de la Policía Nacional, que pueden distribuir el trabajo de cobertura, de atención y lograr ser más eficaces cada día», dijo la co-dictadora sandinista.