Colombia ratifica prisión preventiva para exfuncionario de Petro asilado en Nicaragua
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la orden de prisión preventiva contra Carlos Ramón González, exalto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, implicado en un caso de corrupción y que actualmente se encuentra asilado en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De acuerdo con la agencia EFE, el magistrado Jairo José Agudelo desestimó la apelación de la defensa de González, confirmando la medida de aseguramiento dictada en julio.
La Sala concluyó que quedó demostrado cómo González, en su rol como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), «ordenó el pago de sobornos a congresistas para destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso».
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Al exfuncionario lo acusan de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un organismo adscrito al Dapre. Presuntamente, desvió recursos para pagar sobornos a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle.
«La Fiscalía, en ejercicio de la adecuación típica de la conducta acreditó el origen mediato de los tres billones de pesos (unos 750 millones de dólares) entregados a Iván Name Vásquez, los cuales fueron transportados por la Consejera de las Regiones en cumplimiento de la orden dada por Carlos Ramón González», señaló la sala.
La medida de prisión preventiva contra González se confirma por el delito de lavado de activos, uno de los tres cargos imputados por la Fiscalía, junto con cohecho y apropiación de bienes del Estado.
Régimen de Ortega guarda silencio
A pesar de ser requerido por las autoridades colombianas, Carlos González, de 66 años, se encuentra en Nicaragua desde el año pasado.
Según los documentos que fueron difundidos por Noticias RCN, la Embajada colombiana remitió una carta a a la Cancillería nicaragüense en la que pedía renovar la residencia de González.
Hasta ahora, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha guardado silencio al respecto. Mientras que Gustavo Petro negó haber solicitado tales gestiones.
Además, la Procuraduría General de Colombia inició una investigación contra empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que varios ministros de Gustavo Petro calificaron la decisión de Nicaragua de no extraditar al exfuncionario como «inamistosa y agresiva».
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