El 98% de los nicaragüenses teme una sucesión dinástica: Rosario Murillo y Laureano Ortega van tras el poder
La mayoría de los nicaragüenses, con resultados en un estudio de la organización Hagamos Democracia, coincide en que el régimen de Daniel Ortega se prepara para un traspaso de poder dentro de la familia.
Según la encuesta realizada a 400 personas en 40 municipios del país, un 98% de los entrevistados sostiene que el régimen actual «se está preparando para una sucesión dinástica», una opinión que refleja el amplio rechazo a la concentración del poder en la familia presidencial.
De quienes creen en esta sucesión, un 52.64 % asegura que el traspaso de poder será a Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores y quien actualmente lidera las relaciones diplomáticas, especialmente, con China y Rusia, países aliados del régimen sandinista.
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Mientras tanto, un 46.10 % considera que la sucesión recaerá en Rosario Murillo, actual codictadora y esposa de Daniel Ortega. Solo un 1.26 % de los consultados admitió no saber quién será el sucesor.
Una sucesión familiar sostenida en reformas
La investigación, que abarcó una muestra diversa en términos de edad, género, nivel socioeconómico y ubicación geográfica, confirma que la concentración del poder en la familia Ortega-Murillo es percibida como una estrategia clara para mantener el control político en manos de los actuales gobernantes y sus descendientes directos.
Además, el informe señala que esta sucesión dinástica se está preparando sobre varias reformas constitucionales que buscan ropaje jurídico y legal de la dictadura.
«Últimamente, ha habido varios cambios como la reforma constitucional, que están diseñados para facilitar el traspaso de poder a quien sea el sucesor o sucesora una vez que Daniel Ortega se vea permanentemente inhabilitado o muera», señala el informe.
Reformas para eliminar disidencia
En agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsó tres reformas constitucionales en Nicaragua, lo que evidencia su continuo interés en consolidar el control sobre el Estado.
El pasado 6 de agosto, se hizo una reforma constitucional para crear la Procuraduría General de Justicia, un nuevo órgano que reemplaza a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público.
Esta entidad permitirá que el régimen tenga un control directo sobre la persecución de delitos comunes y «la lucha contra la corrupción», lo que se ha interpretado como una herramienta para purgar a funcionarios que puedan ser críticos a la «sucesión dinástica».
El 27 de agosto, se aprobó una segunda reforma constitucional que modifica la estructura de la Policía Nacional. Con este cambio, la institución ahora cuenta con dos jefes, una decisión que, según analistas, busca reforzar el control de las fuerzas de seguridad.
Un día después, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, aprobó otra enmienda con la que supuestamente busca ejecutar acciones penales contra los funcionarios que cometan delitos de corrupción.
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