Ortega y Murillo imponen reforma para nombrar dos jefes en la Policía Nacional

Los diputados de la Asamblea Nacional, que responden en su totalidad a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobaron sin ningún trámite una reforma parcial a la Constitución Política y a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), con la que se establece el nombramiento de dos “jefes” de la Policía Nacional en lugar de un único director general.

Reforma constitucional: de un jefe a dos

El cambio central recae en el artículo 125 de la Constitución. Hasta ahora, la Carta Magna establecía que entre las atribuciones de la Presidencia estaba “nombrar al jefe de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”, además de subdirectores, inspector general y comisionados. Con la reforma enviada por Ortega, la redacción se pluraliza: “nombrar a dos jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”, lo que abre paso a un esquema de co-jefaturas en la institución.

La Presidencia también se reserva la potestad de otorgar grados de primer comisionado o comisionada, así como los ascensos en la estructura policial, manteniendo la subordinación directa del cuerpo armado al Ejecutivo.

Reforma a la Ley 872: nuevo esquema de mando

La modificación a la Ley 872 refuerza este cambio. En su artículo 11, la norma establecía que la Jefatura Nacional era ejercida por el director o directora general, quien concentraba el mando único de la institución.

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Con la reforma, la disposición pasa a señalar que la Jefatura Nacional será ejercida por “los jefes de las Fuerzas Policiales”, es decir, en plural.

Cambio de denominación y connotación militar

Otra modificación clave es la eliminación del término “director” o “directora general” en todo el ordenamiento jurídico, sustituyéndolo por “jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”. Este cambio no solo pluraliza la jefatura, sino que otorga una denominación de corte más militar a la Policía, pese a que constitucionalmente es un cuerpo armado de carácter civil.

La ley también contempla una disposición transitoria que ordena a la Presidencia nombrar al segundo jefe de la institución a partir de la entrada en vigencia de la reforma, lo que de inmediato abrirá espacio a un nuevo nombramiento.

Cojefaturas sigue esquema impuesto por Rosario Murillo como co-presidenta

Este esquema sigue la lógica que la dictadura ha impuesto en otras instituciones del Estado: la duplicación de cargos de mando para ampliar el control político y repartir cuotas de poder entre leales a la pareja presidencial. Es el mismo modelo que Ortega y Murillo instauraron al proclamarse “copresidente” y “copresidenta” del país, y que ahora trasladan a la Policía Nacional, una de las instituciones que sirven de sostén a su régimen.

Pero además, Ortega y Murillo ya habían impuesto las «cojefaturas» en la Policía. Hasta ahora lo habían hecho con las delegaciones departamentales de la institución, en las que nombraron como jefes a dos personas. Así, el régimen había logrado asignarle «poder» a una gran cantidad de comisionados generales que han ascendido a ese rango en los últimos años.

Con esta reforma, la Policía no solo pierde su figura de dirección única, sino que queda aún más subordinada a los dictados del binomio Ortega-Murillo, quienes refuerzan así su esquema de control absoluto sobre todas las estructuras del Estado.