Ley de Territorio Fronterizo «legitima el despojo» a 100 comunidades indígenas de Nicaragua

La reciente aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo, realizada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, representa una amenaza directa a los derechos territoriales de más de 100 comunidades originarias que habitan en las fronteras de Nicaragua; así lo denunció la Red de Defensores de la Costa Caribe a través de un comunicado publicado este viernes, 8 de agosto.

La ley, que establece una franja de 15 kilómetros de territorio hacia el interior del país desde las fronteras con Honduras y Costa Rica, ha sido criticada por contradecir las normativas que garantizan los derechos sobre los territorios indígenas, como la Ley No. 28 del Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas y la Ley No. 445 de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.

Nota relacionada: Ley de fronteras era estorbo para la minería china en Río San Juan y Ortega la manda a derogar de urgencia

«Esta ley vulnera de forma directa la seguridad jurídica de nuestros territorios y la autonomía de nuestros pueblos. El control y la gestión de nuestro territorio fronterizo, que por siglos hemos habitado, son ahora alterados por una legislación que favorece el usufructo de los recursos naturales sin nuestro consentimiento», se lee en el pronunciamiento de la Red de Defensores de la Costa Caribe.

Ley de Territorio Fronterizo es contradictoria

La oposición a la Ley de Territorio Fronterizo se debe a que va en contra de otras leyes que ya protegen las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La Ley No. 445 establece que los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, lo que significa que no pueden ser transferidos sin el consentimiento de las comunidades que los habitan.

Sin embargo, la organización denuncia que la nueva legislación permite la expropiación de tierras y la intervención en estos territorios sin consulta previa.

La Red de Defensores afirmó que esta normativa «legitima el despojo» de los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus tierras al permitir que el Estado realice desplazamientos forzosos y explote los recursos naturales en estas áreas.

«Este acto representa una grave amenaza para nuestros derechos colectivos y viola los principios de libre determinación y autonomía», destaca la declaración.

El incremento de la presencia militar en estas zonas fronterizas también es una de las preocupaciones de las comunidades.

«La ampliación y militarización de estas zonas podrían derivar en severas restricciones a nuestra movilidad, limitando nuestro acceso a recursos naturales», advirtieron los defensores de la Costa Caribe.

Piden intervención de la comunidad internacional

Las organizaciones indígenas y afrodescendientes exigieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

«Exigimos al Estado que respete los derechos históricos de nuestras comunidades, el derecho a la autodeterminación y que garantice la protección de nuestros territorios frente a cualquier intento de despojo», sostuvieron en su pronunciamiento.

Además, instaron a la comunidad internacional a prestar atención a los efectos de esta ley en los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y a exigir la paralización de su implementación.

«No podemos permitir que se continúe con el despojo de nuestras tierras y el desplazamiento forzoso de nuestras comunidades», concluye la Red de Defensores.