Nicaragua «no es un país seguro» para quienes tengan que regresar por cancelación del TPS en EE.UU., alertan activistas

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses ha encendido las alarmas entre la población migrante y activistas, quienes advierten que el retorno de miles de personas podrían exponerlas a condiciones adversas en su país de origen.

La activista y defensora de derechos humanos e integrante del Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Ana Quirós cuestionó la lógica del gobierno estadounidense al justificar la eliminación del TPS únicamente con base a las mejoras materiales tras el huracán Mitch de 1998, sin tomar en cuenta la actual crisis sociopolítica bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Cuando hacen la justificación, comparan la Nicaragua de 1998 con la de hoy, diciendo que hay mejores condiciones materiales, pero no consideran la represión, la destrucción del tejido social, ni la ausencia de libertades políticas que enfrentamos bajo la dictadura», afirmó Quirós.

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Quirós alertó que las personas que han vivido en EE. UU. bajo la protección del TPS han vivido por décadas en Estados Unidos y que ahora se ven forzadas a regresar podrían poner en riesgo su seguridad, su bienestar y su capacidad de subsistencia en un país con una economía en contracción, sin garantías de participación ciudadana ni libertad de expresión.

«Es una evaluación superficial la que ha hecho EE. UU. No toman en cuenta ni las violaciones de derechos humanos ni el contexto autoritario. El regreso podría significar una amenaza directa para muchas personas, especialmente quienes participaron en las protestas de 2018-2019 o han sido críticos del régimen», agregó.

Quirós también instó a Washington a ofrecer alternativas migratorias para quienes han estado viviendo legalmente bajo el amparo del TPS, pues de lo contrario, deberán preparar su regreso en un plazo no mayor a 60 días.

Una contradicción

Por su parte, Alexa Zamora, activista nicaragüense y defensora de derechos humanos, también cuestionó la decisión de EE.UU., destacando la contradicción entre los pronunciamientos recientes del senador Marco Rubio, quien calificó al régimen de Ortega como una amenaza para la región y la cancelación del TPS que parece ignorar esa misma realidad.

«Es sumamente importante que organismos como la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se pronuncien y se posicionen sobre esta situación. No se puede bajo ninguna circunstancia considerar a Nicaragua como un país seguro. La persecución política continúa. De hecho, recientemente hemos visto una nueva ola de arrestos», señaló Zamora.

La activista recordó que muchas personas beneficiadas por el TPS huyeron precisamente de la persecución estatal y represión política, por lo que forzarlas a regresar representa una violación a sus derechos fundamentales y una amenaza real a su integridad.

«No podemos caer en el error de interpretar esta decisión como señal de estabilidad. Esta medida tendrá un impacto serio en los derechos humanos de cientos de nicaragüenses que solo buscan vivir en paz», concluyó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este 7 de julio que Nicaragua ya no califica para el TPS. Esta decisión entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial. Con la expiración del permiso el pasado 5 de julio, los beneficiarios del TPS tendrán hasta el 5 de septiembre para salir de EE. UU.