El régimen de Ortega detiene al sacerdote Pedro Méndez y lo acusa de ir en estado de ebriedad, aunque reconocen que no conducía el vehículo

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvo este jueves, 19 de junio, al sacerdote Pedro Abelardo Méndez Pérez, párroco de la Iglesia de Catarina en Masaya, y lo acusó de violar la Ley de Tránsito y de atentar contra la seguridad de las personas. Sin embargo, la misma Policía Sandinista reconoció en su comunicado oficial que el sacerdote no conducía el vehículo, sino que viajaba como pasajero.

De acuerdo con la versión de la Policía, el religioso se movilizaba en una camioneta Toyota, placa MY 21511, que era conducida por Luis David Ñamendi Suárez, a quien también —según la institución— se le habría detectado presencia de alcohol en la sangre. Ambos fueron interceptados en un retén policial en la Avenida Arellano, en Granada, y posteriormente detenidos. La Policía asegura que Méndez presentaba «1.32 grados de alcohol» y Ñamendi «1.12 grados». Esa información no puede ser verificada de forma independiente y proviene únicamente de la Policía, cuyas afirmaciones carecen de credibilidad.

La nota de prensa no especifica si el sacerdote será liberado, ni en qué plazo, ni bajo qué procedimiento. Tampoco informa si ha tenido acceso a representación legal, visitas o contacto con su comunidad religiosa. En Nicaragua, las detenciones por supuesta ebriedad al volante normalmente conllevan la retención del conductor durante 72 horas, pero no contemplan la captura de los pasajeros, como ha ocurrido en este caso con el padre Méndez.

Otra detención que huele a venganza política

Esta detención es una de las típicas maniobras de la dictadura sandinista para justificar políticamente el encarcelamiento de sacerdotes y opositores. Aunque en esta ocasión se amparan en una supuesta infracción a la Ley de Tránsito, el arresto del padre Pedro Méndez responde a un patrón ya consolidado de represión religiosa en Nicaragua.

El sacerdote no sería el primero: la dictadura de Ortega y Murillo ha encarcelado a decenas de religiosos y personal vinculado a parroquias y diócesis en todo el país. Además, ha desterrado a más de un centenar de sacerdotes y al menos a cuatro obispos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, quien estuvo más de 500 días en prisión antes de ser expatriado al Vaticano por negarse a abandonar su país voluntariamente.

En este contexto, la detención de Pedro Méndez se suma a una larga cadena de atropellos contra la Iglesia católica, que incluyen confiscaciones de bienes, cierre de congregaciones religiosas, vigilancia a templos, expulsiones forzadas, censura litúrgica y una campaña sistemática de desprestigio desde los medios oficialistas.

El padre Méndez, bajo la lupa desde 2018

Desde el estallido social de abril de 2018, el sacerdote Pedro Méndez ha sido una de las voces más hostigadas por el régimen. Durante los ataques armados a Monimbó en julio de 2018, fue secuestrado durante varias horas, brutalmente golpeado y abandonado con costillas fracturadas, dislocaciones y lesiones internas. En ese momento estaba asignado a la parroquia María Magdalena, una de las más activas en denunciar la represión estatal.

En el 2022, la violencia y hostigamiento contra el sacerdote Méndez fue ejecutada por policías y paramilitares bajo el mando del excomisionado Juan Valle Valle, entonces jefe de la Policía en Masaya.

En marzo de 2023, fue amenazado por «organizar actividades religiosas sin permiso», y luego agredido públicamente por simpatizantes del régimen cuando intentaba salir de la Iglesia San Miguel de Masaya, acusado de ser «golpista». A raíz de ese asedio persistente, la Iglesia lo trasladó a la parroquia de Catarina, donde había intentado mantenerse con bajo perfil en los últimos meses. Sin embargo, la persecución no se detuvo.

Hasta el momento, ni la diócesis de Granada, a cargo del obispo Jorge Solórzano, a la que corresponde la iglesia de padre Pedro Méndez, ni la Conferencia Episcopal de Nicaragua se han pronunciado públicamente sobre la detención. Tampoco se conoce si el sacerdote ha tenido acceso a asistencia legal, contacto con sus familiares o evaluación médica tras el arresto.

La represión contra la Iglesia continúa siendo uno de los pilares del aparato de control del régimen, que recubre de legalidad falsificada lo que en realidad son castigos políticos contra voces incómodas al poder.