Nicaragüenses se quejan: «Más corrupción y más atrasos» con la imposición de nuevos límites de velocidad en carretera

Los nuevos límites de velocidad en las carreteras nicaragüenses impuestos por la Policía desde el martes, 17 de junio, han desatado una tormenta de indignación entre la población. Conductores y usuarios aseguran que la normativa dirigida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo generará frustración, retraso y un golpe en el bolsillo para muchos.

Tras el anuncio que establece el límite máximo entre 40 Km/h para motocicletas y 50 km/h para vehículos, los ciudadanos expresaron su descontento a través de las redes sociales. La mayoría coincide en que este tipo de medidas está lejos de solucionar el problema de los accidentes viales y que, por el contrario, generará más corrupción.

«Parecen ingenuos hablando de la velocidad para conducir en Nicaragua. A la dictadura solo le interesa que manejen igual y le paguen multas. La recaudación es lo que busca», expresó en X un usuario que se identifica como @anton18ni.

«Ridículo esa velocidad era para los años 30, van a atrasar económicamente a Nicaragua, lo que tienen que hacer es meter preso un mes a esa caterva de borrachos. La culpa no es de la velocidad sino de ellos», señaló otro ciudadano identificado como @JinchoVivo.

Otros usuarios reprocharon que la normativa se estableció de manera unilateral y arbitraria sin hacer una consulta a los transportistas y comerciantes y sin presentar un estudio real sobre cuáles son los argumentos para reducirla y el impacto que tendrá en la vida diaria de las personas.

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«¿Tienen una idea de cuánto dinero perderán empresarios, transportistas, trabajadores, comerciantes, profesionales y usuarios al alargarse los tiempos de cada actividad que suponga trasladarse de un lugar a otro con esta ridícula medida? ¿Por qué no mejoran la educación vial?», cuestionó el economista Enrique Sáenz.

La doctora nicaragüense, actualmente en el exilio, Anely Pérez, también objetó la medida y afirmó que sus respectivas sanciones por su incumplimiento se aplicarán a discrecionalidad, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Las multas por exceso de velocidad

La vocera de la Policía sandinista, Karen Obando, hizo oficial la implementación de la medida desde ayer, 17 de junio. Los límites deberán ser cumplidos por los conductores particulares, transporte público y transporte de carga. La portavoz reiteró que se prohíbe llevar a niños y niñas como pasajeros en motocicletas.

La misma norma también establece una sanción de 2.500 córdobas -lo que es igual a 70 dólares americanos- para quienes incumplan los límites de velocidad.

Esto quiere decir que para los trabajadores de los sectores con salarios mínimos más bajos en Nicaragua, como el agropecuario o la pequeña industria, pagar esta multa podría representar casi la mitad de lo que ganan en un mes. Mientras que para trabajadores de otros sectores representa entre un 20 y 30 % de su ingreso mensual.

Corrupción y muertes en las carreteras

La disposición se suma a otras medidas arbitrarias y poco transparentes implementadas por la dictadura en materia de transporte, como los retenes selectivos en carreteras. El nuevo límite de velocidad representa no solo una regulación técnica, sino también una muestra del control absoluto que ejerce el régimen sobre la vida cotidiana de los nicaragüenses, incluso al conducir, y también representará una fuente de negocio para la dictadura mediante las multas económicas.

De acuerdo con reportes oficiales publicados por medios independientes, solo en el primer trimestre de 2025 la institución recaudó más de 374 millones de córdobas por sanciones impuestas a conductores, además de 129 millones adicionales generados por los cursos obligatorios de reeducación vial. En 2024, los ingresos por esta vía superaron los 385 millones de córdobas, una cifra que evidencia el peso financiero que representan las multas dentro de la operación policial.

Sin embargo, esa millonaria recaudación no ha implicado una reducción proporcional en los niveles de accidentalidad ni en las muertes por siniestros viales. Al contrario, los accidentes de tránsito se han mantenido como una de las principales causas de muerte en el país.