Intimidación, vigilancia y amedrentamiento del régimen de Bukele provocan éxodo de periodistas salvadoreños

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió una denuncia pública alertando sobre el éxodo forzado de al menos 40 periodistas debido al «hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias» ejercidas por el régimen de Nayib Bukele, lo que constituye una amenaza directa contra la libertad de prensa y los derechos humanos en el país.

En un comunicado difundido el 13 de junio, la APES afirmó que este desplazamiento masivo «no incluye a otras personas o vocerías críticas que también decidieron salir del país ante el clima de temor y persecución», por lo tanto, la cifra podría ser aún más alta. La principal asociación de periodistas salvadoreña califica esta situación como un «atentado contra la libertad de expresión» y un quiebre de los «principios fundamentales de un Estado democrático de derecho».

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Los periodistas afectados pertenecen a diversos medios y han cubierto temas clave como corrupción, abuso de poder y violaciones a derechos humanos. APES señala que muchos de ellos se vieron forzados a dejar el país ante «una crisis humanitaria» que afecta también a sus familias. «Muchos de ellos no pueden regresar», advierte el comunicado.

La organización gremial también resalta que «el periodismo libre y crítico es un pilar esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos ciudadanos», y advierte que ningún gobierno debe usar su poder para «silenciar voces, perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos ni limitar el acceso a la información».

Según APES, existen «fuertes indicios de que el Estado tiene listas concretas de vigilancia, amedrentamiento y hasta capturas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas». En este contexto, se hace alusión al caso del medio El Faro, cuyos integrantes han sido amenazados con órdenes de captura, sin que el gobierno brinde garantías de protección.

«Algunos de los casos registrados de periodistas que han salido del país implican la participación de agentes de la Policía con actitudes intimidatorias y el uso de mentiras flagrantes para la obtención de información», denunció la asociación, en lo que representa una estrategia sistemática de represión.

APES también relaciona estos hechos con patrones previos de persecución usados por el régimen contra voces críticas y defensores de derechos humanos. «Este tipo de estrategias cumplen el mismo patrón de las utilizadas para el arresto de defensores de derechos humanos y voces críticas, tales como sucedió con los abogados Ruth López y Enrique Anaya».

En respuesta a esta situación alarmante, la organización anunció que prepara un informe detallado sobre «las amenazas padecidas por los periodistas que han salido del país», el cual será publicado en las próximas semanas para visibilizar la magnitud de la represión estatal.

En su pronunciamiento, APES hizo un «llamado urgente a las autoridades salvadoreñas a cesar toda práctica que atente contra la labor periodística» y exhortó a la comunidad internacional, a organizaciones de derechos humanos y a defensores de la libertad de prensa a «mantenerse vigilantes y solidarios».

La organización concluye reafirmando su compromiso con el periodismo independiente y advierte que continuará denunciando «cualquier acción que vulnere el derecho a informar y a ser informado».